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LIMA.- En una sentencia que hizo historia en Perú, en 2009, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado por los delitos de desaparición forzada y asesinato de 25 ciudadanos, durante su polémico mandato, lo que lo convirtió en el primer mandatario de Latinoamérica juzgado por crímenes de lesa humanidad.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, con voto unánime de sus miembros, consideró que Fujimori fue el autor mediato del homicidio de Luis Antonio León Borja y de otras 24 personas, así como de las lesiones graves de Natividad Condorcahuana Chicana y de otros tres, de manos de las fuerzas policiales del régimen.
Los casos fueron conocidos como las masacres de La Cantuta y Barrios Altos.
El fallo calificó los hechos como crímenes de lesa humanidad, al acoger los criterios del Estatuto de Roma.
Por esos crímenes, Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y el 2000, fue a prisión con una condena de 25 años de cárcel, pero salió en libertad el 24 de diciembre de 2017 por un indulto que fue cuestionado por la CIDH. Murió sin haber cumplido con el resarcimiento civil a familiares de las víctimas y cuando aún tenía pendiente el caso de Pativilca.
“Falleció sin haber pagado la reparación civil que se le impuso por sus crímenes”, según reportes periodísticos.
Cuáles fueron los crímenes de lesa humanidad
El 3 de noviembre de 1991, seis hombres encapuchados irrumpieron en una fiesta en una humilde vivienda del distrito Barrios Altos, aledaña al Palacio Presidencial, y mataron con tiros a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años. Otros cuatro resultaron heridos de gravedad, según los reportes.
El hecho, conocido como la masacre de Barrios Altos, fue perpetrado por miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte conformado por policías de inteligencia del régimen.
Más tarde, testimonios obtenidos indicaron que el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso, pero confundieron la fiesta con una reunión secreta del grupo subversivo. Al final decidieron disparar contra civiles inocentes.
En otro hecho, que se llamó masacre de Cantaura, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), la mayoría miembros del Grupo Colina, irrumpieron en una residencia estudiantil en la madrugada del 18 de julio de 1992
El régimen de Fujimori buscaba a los responsables de una explosión en el barrio de Miraflores, que ocasionó la muerte de 25 personas y heridas graves a más de 200. El ataque que Sendero Luminoso se atribuyó fue uno de los peores cometidos por esa agrupación irregular.
El grupo Colina detuvo arbitrariamente a nueve estudiantes y un profesor en las residencias, lo que fue considerada como desaparición forzosa. Los cadáveres fueron localizados calcinados, días más tarde. Pero, en 1995, Fujimori declaró una amnistía que amparó a los miembros del escuadrón de la muerte.
La Sala Penal Especial, en la sentencia contra Fujimori, definió los crímenes como “actos serios de violencia que dañan a los seres humanos privándolos de lo que es más esencial para ellos: su vida, libertad, bienestar psíquico, salud y/o dignidad; y que por su extensión y gravedad van más allá de los límites tolerables por la comunidad internacional, que forzosamente debe exigir su castigo”.
FUENTE: Con información de fidh.org, France24, BBC
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