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El Tribunal de Paz de Colombia inició el miércoles el primer juicio contra un exmilitar por no reconocer su responsabilidad en la muerte de 70 “falsos positivos”, como son conocidas las ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados por el Ejército como guerrilleros vencidos en combate.
El coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez tiene todavía la posibilidad de admitir su culpabilidad durante el juicio antes de que se produzca la sentencia, con lo que recibiría una rebaja de pena. En caso de que no lo haga y sea declarado culpable, se expone a una condena a 20 años de cárcel.
El Tribunal de Paz señaló antes del juicio que su fiscal pedirá para Mejía Gutiérrez la “máxima condena” permitida. El exmilitar podrá defenderse durante el juicio a través de un abogado.
En Colombia el Tribunal de Paz, llamado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), investiga y juzga los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en Colombia hasta 2016 cuando el Estado firmó un acuerdo de paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras cinco décadas de confrontaciones. Además de juzgar a miles de exguerrilleros, también comparecen agentes del Estado, exmilitares y algunos civiles que tuvieron relación con el conflicto armado.
Cuando los comparecientes admiten su responsabilidad en los crímenes y aportan elementos suficientes sobre lo ocurrido en el conflicto interno pueden aspirar a recibir sanciones que no implican cárcel en las que intentarán reparar a las víctimas con proyectos que busquen dignificar la memoria de sus familiares. Hasta el momento, la JEP no ha impuesto ninguna sanción.
Mejía Gutiérrez es señalado por el tribunal de presuntamente idear y ejecutar un “plan criminal” para asesinar a civiles y presentarlos falsamente como muertos en combate entre 2001 y 2003, cuando se desempeñaba como comandante del Batallón La Popa del Ejército, ubicado al norte del país.
La JEP señala en la imputación tener “bases suficientes” para afirmar que Mejía Gutiérrez hizo una “alianza” con los paramilitares para asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate.
El Tribunal de Paz calcula que la cifra de víctimas de “fasos positivos” asciende a 6.402, casi el triple de lo reportado por la justicia ordinaria.
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