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Al menos ocho países de la región condenaron este lunes la orden de arresto contra el excandidato presidencial opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, y la calificaron como “prácticas dictatoriales”.
“Dicha orden de aprehensión cita varios supuestos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política”, alertó un comunicado conjunto de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Por solicitud del Ministerio Público (MP) un tribunal emitió una orden de arresto contra el embajador retirado de 75 años, por la publicación de las actas que conservaron sus testigos de mesa tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La fiscalía lo investiga por la presunta comisión de los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación”.
En el comunicado conjunto los países insistieron en que en Venezuela “no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas”, donde abundan las detenciones arbitrarias.
“Condenamos estas prácticas dictatoriales y nuestros esfuerzos serán firmes y continuos para exigir a las autoridades venezolanas garantizar la vida, la integridad y la libertad de Edmundo González Urrutia”, precisa el texto.
Ecuador, por su parte, afirmó que los delitos que se le imputan a González Urrutia muestran una «persecusión política».
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, exhortó a las autoridades venezolanas a respetar la libertad, integridad y derechos humanos de González Urrutia.
«Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada», subrayó en X.
El mes pasado varios países también rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), considerado un brazo del Poder Ejecutivo, que convalidó los resultados de las elecciones, luego de que el presidente Nicolás Maduro, proclamado por la autoridad electoral para un tercer mandato, introdujo un recurso cuestionado por juristas que aseguran no existe en el marco legal venezolano.
Más de un mes después de las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado los resultados desglosados, a pesar de la insistencia de la comunidad internacional y las denuncias de fraude.
La oposición ha alertado sobre un aumento en la persecución y represión contra la disidencia, tras las protestas contra los resultados electorales que dejaron 27 muertos y más de 2000 detenidos.
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