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MIAMI.- El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (DDHH-ONU) aprobó extender por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela y el mandato de monitoreo y apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, este viernes 11 de octubre.
Tras un debate sobre la resolución original que leyó Argentina, 23 de los miembros del Consejo de DDHH prorrogaron el trabajo que en los últimos cinco años viene haciendo el equipo conformado por Marta Valiñas, Francisco Cox y Patricia Tappatá Valdez.
Se decidió extender este período para permitir que continúen investigando violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo aquellos que implican violencia sexual y de género, cometidos desde 2014.
Todo esto con miras a combatir la impunidad y asegurar plena responsabilidad de los perpetradores y justicia para las víctimas, con un enfoque particular en la situación de los derechos humanos en el país sudamericano antes, durante y después de las elecciones presidenciales de 2024, y en la violencia perpetrada por individuos armados conocidos como colectivos.
La resolución se aprobó con 23 votos favorables ,18 abstenciones y seis dijeron que «no» (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) Alemania y Brasil se abstuvieron, pero estuvieron de acuerdo con la extensión de los dos años para la misión en Venezuela. La ONG Provea destacó la importancia de esta aprobación.
Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaron esa prórroga en respuesta a los informes que acusan al régimen de Nicolás Maduro de graves abusos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad.
Paraguay denunció el retroceso y el menoscabo de las garantías fundamentales de la población venezolana. “En Venezuela no hubo avance, hubo retroceso. Ha evolucionado a niveles intolerables con la creciente vulneración de los derechos humanos y libertades tras elecciones del 28 de julio, cuyas actas nunca han aparecido”.
Brasil dijo que estaba a favor de la Misión de Determinación de Hechos y del trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela, pero no apoyaba la resolución por lo que se abstendría.
“Es imposible debatir sobre la situación de los DDHH en Venezuela sin tomar en cuenta las medidas coercitivas y unilaterales”, expresó el funcionario brasileño.
Los argumentos que esgrimió Cuba para pedir que no se votara a favor de la misión fueron en línea con los postulados de la diplomacia del gobierno chavista. Hizo alusión a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra Miraflores, así como a la politización del Consejo de DDHH de la ONU.
Entre otras descalificaciones el representante de ese país dijo que era “un mecanismo falaz, parcial e inoperante… ninguna fuente seria ha sido capaz de mostrar la utilidad práctica de un mecanismo que pretende imponer la falsa verdad que imponen las redes sociales y los medios de comunicación en Venezuela”. Chile le dijo a La Habana que nada justifica que se violen los derechos humanos.
La Misión presentó su último informe a finales de septiembre en el que denunció los riesgos de la erosión del Estado de derecho en el país, por el incremento de las detenciones arbitrarias después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, entre ellas las de 158 adolescentes.
En la resolución aprobada se tomó nota de las preocupaciones expresadas por el Panel de Expertos de las Naciones Unidas en su informe provisional sobre las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 y las irregularidades que documentaron en él, y reiterando que una solución liderada por Venezuela requiere respetar la voluntad del pueblo venezolano, a través de elecciones democráticas libres y justas, de acuerdo con los estándares internacionales, la verificación de los procedimientos electorales, la publicación transparente de los resultados electorales según el conteo de las mesas individuales y su implementación.
En este contexto se condenó enérgicamente todas las violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, algunos de los cuales, según la misión internacional independiente de determinación de los hechos, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Se exige que Venezuela implemente y complete de forma inmediatamente las recomendaciones contenidas en los informes recientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la instancia internacional independiente de determinación de los hechos que investiga todas las violaciones y abusos de los derechos humanos y responsabiliza a los culpables.
Y «se insta a la República Bolivariana de Venezuela a liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluyendo a los presos políticos, priorizando a aquellos en situaciones vulnerables y a quienes permanecen en detención preventiva más allá de los límites establecidos en la ley nacional, mientras se aseguran garantías de no repetición, y también insta a la República Bolivariana de Venezuela a mejorar las condiciones de detención y a respetar las garantías del debido proceso y juicio justo para todos los detenidos, incluyendo la comunicación con el abogado de su elección».
FUENTE: RESOLUCIÓN ONU / EFECTO COCUYO / DIARIO LAS AMÉRICAS
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