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COSTA RICA.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado de Venezuela de la violación de derechos humanos del general en situación de retiro, Ovidio Poggioli, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), por su detención “ilegal y arbitraria”, mientras se adelantaban dos investigaciones en la Corte Marcial, por los hechos de abril de 2002.
La sentencia señala que al militar del Ejército, durante el mandato de Hugo Chávez, se le desconocieron los derechos a la libertad personal, integridad personal, a la honra, a las garantias judiciales, a la proteccion judicial y al debido proceso, en el contexto de los dos procesos ordenados por el Ministerio de la Defensa en la jurisdiccion penal militar.
Frente al daño causado a Poggioli, la Corte IDH ordenó al Estado venezolano reparar los daños materiales e inmateriales del militar, y además establecer en las leyes limites a la competencia de los tribunales militares, de forma tal que quede claro la exigencia de jueces naturales, debido a que cuando fue procesado por la jurisdicción militar no era militar activo.
También, ordenó dejar sin efecto los juicios seguidos a Poggioli y “realizar un acto publico de reconocimiento de responsabilidad”, según la sentencia.
La Corte estableció que la detención de Poggioli por la propia DIM, en marzo de 2005, “fue ilegal al no contar con una orden judicial ni presentarse una situación de flagrancia y que se vulneró su derecho a ser informado de las razones de su detención».
Otro caso de Venezuela: Capriles
En otra decisión, la Corte IDH fijó entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre la deliberación del caso del excandidato presidencial de Venezuela, Henrique Capriles Radonski, a quien se le vulneraron garantías durante su participación en las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013 en las que ganó Nicolás Maduro, tras el fallecimiento de Chávez.
El caso, que será tratado entre otros seis durante su 170 periodo ordinario de sesiones, se refiere a la denuncia de Capriles contra el Estado venezolano por las violaciones a sus derechos políticos, libertad de expresión, y otras garantías cuando se le negaron todos los recursos interpuestos ante el CNE y el TSJ sobre una auditoría de los resultados cerrados de la elección (Maduro 50,61% y Capriles 49,12%)
Por si fuera poco, al candidato opositor se le impuso una multa “por ofender al Poder Judicial con expresiones agraviantes y ofensivas”.
La audiencia pública del caso se realizó el 6 de febrero pasado.
FUENTE: Con información de la Corte IDH
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