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Juan López salía de la iglesia donde se desempeñaba como «delegado de la palabra de Dios», en Honduras, cuando fue asesinado el 14 de septiembre por varios hombres que lo balearon al interior de su vehículo.
Su asesinato ha golpeado a la comunidad organizada en el país centroamericano porque López, además de líder católico, era defensor de derechos humanos, ambientalista y coordinador del Comité de los Bienes Comunes y Públicos del Municipio de Tocoa, en el departamento hondureño de Colón.
Y aunque en papel contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la práctica, López seguía estando amenazado.
A través de un pronunciamiento, expertos de las Naciones Unidas pidieron al gobierno hondureño una investigación independiente para esclarecer la muerte de López, y además, «el papel que la empresa y los políticos locales pueden haber desempeñado en el asunto».
Según los expertos, López había denunciado los supuestos vínculos del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, con empresas mineras cuyos trabajos los realizan en áreas protegidas, y además, un vínculo con narcotraficantes.
Honduras es uno de los centros de operaciones del narcotráfico más importantes entre Suramérica y México, debido a que «todas las ramas del gobierno y sus fuerzas armadas se encuentran plagadas de corrupción», según InSight Crime, un portal que monitoriza el crimen en América Latina.
La CIDH, que en su momento otorgó medidas de protección para López, resaltó preocupación por el contexto de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos en Honduras, en particular por aquellas personas que luchan por la protección del medio ambiente, la tierra y el territorio.
Según la organización internacional, Honduras es uno de los países más peligrosos para ejercer una labor en defensa de los derechos humanos.
En 2023, 196 defensores ambientales fueron asesinados en América. Los países con el mayor número de asesinatos son Colombia, Brasil y Honduras, según la organización Global Witness.
Desde 2022 a la fecha, más de 30 defensores del ambiente y la tierra han sido asesinados en Honduras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido tres sentencias contra el Estado de Honduras por tres casos.
Además, Honduras, con 10 millones de habitantes, es el país con la tasa percapita más alta de asesinatos de ambientalistas.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno?
Por el homicidio de López, tres personas han sido detenidas luego de que se dieran a conocer imágenes de cámaras de seguridad que grabaron los hechos.
Pero, según el fiscal general, Johel Zelaya, no hay indicios de que entre los detenidos y López existiese una enemistad, por lo que suponen que alguien aún no identificado dio la orden.
La presidenta Xiomara Castro y la embajadora de Estados Unidos en el país centroamericano han pedido que se investigue de manera transparente e independiente.
«Nos alienta el progreso en el caso», añadió la embajadora estadounidense, Laura Dogu, en sus redes sociales. Mientras que Castro dijo: «He ordenado que se utilice toda la capacidad de las fuerzas del orden para esclarecer esta tragedia e identificar a los responsables».
Camilo Bermúdez, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), dijo a la Voz de América que el gobierno de Castro mantiene un discurso en defensa de los derechos de los líderes ambientalistas, pero en la práctica hay una falta de acción y medidas urgentes para erradicar esta problemática.
«Muchos de los crímenes que hay en contra de liderazgos comunitarios, medioambientales están en la impunidad. Con esto se manda un mensaje de que estos crímenes se pueden cometer y no hay ningún tipo de repercusión en contra de los perpetradores materiales e intelectuales», dijo.
Asimismo, el hecho de que varios de los ambientalistas asesinados hayan tenido medidas de protección evidencia «la falta de un mecanismo de protección a las personas defensoras de derechos humanos”.
Han sido tres veces que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado hondureño por el asesinato de defensores ambientalistas. En 1995 por el crimen de la ambientalista Blanca Jeannette Kawas; en 2013 por Carlos Luna y en 2014 por Carlos Escaleras.
Pero la condena para los autores intelectuales de estos crímenes sigue siendo una deuda de Estado, según organizaciones civiles.
Hace ocho años, el pueblo Lenca en Honduras lamentaba el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, la cara visible de las protestas contra un proyecto de construcción de represa hidroeléctrica.
Cáceres fue asesinada en 2016. Dos años después, quienes la mataron fueron condenados a entre 30 y 50 años de cárcel.
Para su hija, Berta Zúñiga, aún existe la deuda de condenar a los intelectuales del asesinato.
La constante amenaza contra defensores de derechos humanos en Honduras puede verse desde varias claves, según la organización hondureña ACI-Participa: la falta de tierras productivas para la explotación agraria, la priorización de las actividades extractivas y la violación de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Honduras resultó ser el país con más asesinatos per cápita en 2023, según el informe ‘Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente’.
«Es probable que, mientras los responsables sigan quedando impunes, las represalias contra las personas defensoras continúen», agregó.
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