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Cumplir con su trabajo podría costarle la vida a Nicolás Sánchez Arévalo, un reportero en Colombia del medio de comunicación Vorágine, un portal web dedicado a investigaciones sobre derechos humanos, conflicto armado, medioambiente y narcotráfico.
Desde el pasado 9 de octubre, Sánchez comenzó a recibir amenazas directas en su cuenta personal de Instagram desde un perfil que se identificaba como AUC, las siglas del desaparecido grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, poniendo en riesgo su integridad.
El periodista también indicó, en conversación con la Voz de América, que el mensaje incluía amenazas de muerte contra sus familiares, exigiéndole que abandonara sus investigaciones sobre las relaciones entre grupos paramilitares y el empresariado en el país.
“Las investigaciones sobre paramilitarismo y narcotráfico las tengo congeladas por seguridad. Por eso, en Vorágine tomamos la decisión de pausarlas, porque entendemos que ninguna historia vale más que la vida. Lo más importante es garantizar nuestra seguridad. Cuando las condiciones lo permitan, retomaremos las investigaciones, pero no sabemos cuándo será posible”, explicó el periodista.
“¿Por qué quieren imponer silencio sobre estos temas? Siempre he sido muy cuidadoso y respetuoso en mis investigaciones, incluso con las personas señaladas. No tengo nada personal, es un ejercicio de investigación que revela lo que la justicia colombiana no ha podido resolver”, añadió.
Vorágine, el medio en el que trabaja Nicolás Sánchez, condenó estos actos de intimidación que afectan la libertad de prensa. Anunció la suspensión total de investigaciones y publicaciones relacionadas con grupos paramilitares, narcotráfico y empresarios en el país.
“Esto no es normal, y no podemos acostumbrarnos. La violencia no debe convertirse en algo cotidiano en Colombia. Lo peor que le puede pasar a un periodista es que la muerte se vuelva algo común o perder la capacidad de asombro ante lo que sucede en el país. No hacemos nuestro trabajo porque nos amenacen o nos maten”, dijo a la VOA José Guarnizo, director general de Vorágine.
Guarnizo agregó: “Los periodistas no ejercemos la libertad de expresión porque la merezcamos. Los ciudadanos son los verdaderos depositarios de este derecho, y nosotros solo somos un medio para que ellos puedan ver lo que ha estado oculto. Esa es nuestra función”.
El periodista había revelado recientemente, en una serie de reportajes, la conexión entre empresarios y grupos paramilitares en el noroeste del país.
Detalló la estrecha relación de estos grupos con el sector bananero de esa zona y la multinacional estadounidense Chiquita Brands, condenada en junio por un jurado de Florida a indemnizar a 16 familiares de víctimas del paramilitarismo, tras comprobarse que la empresa financió a dichos grupos.
“Esperamos que la Fiscalía avance para establecer quién realizó la amenaza. Sabemos qué sectores podrían estar involucrados, ya que se relaciona con las conexiones entre empresas y paramilitares, lo cual abarca un espectro bastante amplio en Colombia”, comentó Guarnizo.
El hecho generó una ola de solidaridad en la opinión pública y los medios de comunicación del país.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha documentado 164 amenazas a periodistas en lo que va de 2024, superando las cifras reportadas en 2023.
Además, este año han sido asesinados dos periodistas en el ejercicio de su labor: Mardonio Mejía, director de la emisora Sonora Estéreo, asesinado el 24 de enero en San Pedro, Sucre, y Jaime Vásquez, asesinado el 14 de abril en Cúcuta, Norte de Santander.
“La solidaridad calma un poco el miedo, porque el apoyo a un periodista amenazado es un mensaje de la sociedad de que no se tolerará la violencia”, dijo Sánchez.
“Las condenas a estos hechos no solamente en mi contra, sino contra los 164 periodistas amenazados este año se deben sentir y expresar porque es un mensaje claro a los violentos de que la sociedad no está dispuesta a soportar esto y está buscando otros caminos de entendimiento”, concluyó.
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