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Las clases presenciales para casi dos millones de escolares de la capital de Perú fueron suspendidas el viernes por segundo día consecutivo debido a la paralización de los transportistas públicos en protesta por el aumento de las extorsiones.
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Aunque una minoría de autobuses no salieron a trabajar, los paraderos lucían abarrotados de pasajeros, por lo que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte amplió hasta dos horas la tolerancia de tardanza en los lugares de trabajo. Los mercados de alimentos abrieron aunque había varias tiendas cerradas dentro de esos establecimientos.
El jueves el gobierno contabilizó apenas siete escuelas donde se dictaron clases de forma presencial de los casi 8.000 colegios existentes en la capital que tuvieron que dar clases de forma virtual como en la época de la pandemia de coronavirus y con dificultades de acceso a internet o falta de equipos adecuados como computadoras portátiles o teléfonos móviles en las barriadas.
Entre 2021 y 2023 las extorsiones se han quintuplicado en Perú, según datos oficiales. En septiembre tres choferes fueron asesinados en diferentes eventos relacionados con extorsiones y otro autobús recibió más de 20 disparos en la capital.
Más de 13.000 pequeñas bodegas habían sido extorsionadas en 2023 debido a eso más de 2.600 han cerrado, según el gremio que las agrupa.
Los transportistas exigieron el jueves al Parlamento que derogue una ley que desde agosto permite que los domicilios de los extorsionadores no sean allanados hasta que acudan sus abogados. Antes sólo se necesitaban indicios razonables aprobados por el juez.
“Nosotros vamos a continuar nuestra lucha hasta que se derogue esta ley que favorece la delincuencia”, dijo Miguel Palomino, uno de los dirigentes del sector.
Hace dos semanas, durante la primera paralización masiva de autobuses en Lima, el gobierno declaró la emergencia por 60 días para combatir la delincuencia en 14 de los 50 distritos de los suburbios de la capital.
Esa emergencia incluye la limitación de las garantías constitucionales como el libre tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad de domicilio, pero al momento no se han detenido los delitos.
La noche del lunes un chofer y tres pasajeros murieron acribillados en un minibús en una zona urbana del puerto del Callao. Otros tres pasajeros quedaron heridos. Dos de los muertos eran trabajadores que retornaban a sus domicilios.
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