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BOGOTÁ.- El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta una nueva ola de protestas, en esta ocasión por parte de campesinos y mineros, que mantiene paralizadas siete regiones de Colombia, en medio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad 2024 (COP16), que se celebra del 21 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad colombiana de Cali (suroeste).
Por cuarto día consecutivo, campesinos y mineros colombianos se mantienen en paro, con bloqueos de las principales carreteras de la nación cafetera, en protesta a las recientes políticas ambientales del Gobierno izquierdista de Petro, que se ha comprometido a iniciar este jueves, 24 de octubre, diálogos con los afectados para atender las demandas e instar al levantamiento de los cierres viales.
La nueva huelga ocurre a menos de dos meses del paro camionero, registrado entre el 1 y 6 de septiembre, que concluyó con un acuerdo en el que se incluía el aumento gradual del galón de petrodiésel, hasta diciembre de este año, a 400 pesos colombianos.
Ahora, el Ejecutivo se enfrenta a una nueva ola de protestas en Santander, Norte de Santander y Boyacá, al noreste del país, por parte de campesinos que rechazan el decreto 044 del 2024 del Ministerio de Ambiente, que restringe las actividades agrícolas en los páramos.
Además, se registran manifestaciones de mineros en Antioquia, Córdoba, Chocó y Caldas, al noroeste de Colombia, por presuntos incumplimientos de «compromisos» por parte del Gobierno y en reclamo al decreto 1035 de 2024 que da vía libre a la Fuerza Pública para destruir maquinaria amarilla para disminuir la extracción ilícita de yacimientos.
Repercusiones en la economía
Las protestas comienzan a pasar factura en Colombia, donde se comienza a percibir el desabastecimiento de alimentos y combustible, ante la decisión de los campesinos y mineros de continuar bloqueando las carreteras colombianas, que conectan las distintas ciudades del noreste y noroeste del país cafetero.
En Boyacá, las autoridades confirmaron la escasez de combustible, la acumulación de cientos de litros de leche y problemas de recolección de basuras, que podrían generar un problema sanitario en varios municipios de ese departamento, según reseñó la Revista Semana.
En el Departamento de Antioquia, los sobrecostos para el transporte de carga pesada son «incalculables» ante las restricciones de tránsito entre Medellín y la costa del Atlántico.
Mientras que en Córdoba, la gobernación indicó que las manifestaciones de los mineros comienza a pasar «factura» a diversos sectores de la economía, por la escasez de algunos alimentos y los traumas que los cierres viales ocasionan al comercio de bienes.
Intervención del Gobierno de Petro
Los gobernadores de las siete regiones afectadas por las protestas de campesinos y mineros solicitaron la intervención del Gobierno para solventar la situación que, de continuar, dejará notables afectaciones en la economía y no solo en la regional, sino en la nacional.
Alegaron que debe ser el Ejecutivo el que responda a las demandas de los manifestantes, que rechazan los serios cambios en el orden ambiental y minero.
«Solicito al señor presidente Gustavo Petro iniciar lo antes posible una mesa de diálogo con los manifestantes para llegar a acuerdos y evitar consecuencias fatales para la economía regional”, mencionó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.
Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, indicó que se encuentran a la espera de un acuerdo con los campesinos para que levanten los bloqueos. «La situación está perjudicando a todos: transportadores, comerciantes y consumidores. Esperamos el avance», señaló.
Mientras que el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, hizo un llamado al Ejecutivo para que atienda las «inquietudes y sugerencia» de la comunidad- «Vamos a estar muy atentos a que se pueda dar una solución que beneficie a todos», apuntó.
La Procuraduría General de la Nación se unió al llamado a la administración izquierdista para que atienda a los ciudadanos. «Esos campesinos del páramo que realizan actividades agropecuarias y mineras de pequeña escala tienen el derecho a recibir alternativas y a ser escuchados. Es importante que el Gobierno, en el marco en el derecho a la participación en asuntos ambientales y que hoy se debate en Cali, escuché a todos los grupos de interés», sostuvo el vocero del ente, Gustavo Guerrero.
Un nueva contingencia
La nueva ola de protestas representan un claro desafío al Gobierno de Petro, anfitrión de la COP16, que ya envió a funcionarios de los ministerios de Minas, de Agricultura y de Ambiente a Bucaramanga para atender la situación y así minimizar los daños que el paro ocasionará a la economía.
En este sentido, la propia ministra de Ambiente, Susana Muhamad, interrumpió su agenda en la cumbre de biodiversidad más grande del mundo, para buscar soluciones a las demandas de los manifestantes, para evitar los «ruidos innecesarios» que esto pudiera ocasionar con los ojos de la prensa internacional puestos sobre Colombia.
Con el paro de camionero como antecedente, el analista político Gabriel Cifuentes, consideró que el descontento nacional ante las promesas incumplidas de Petro pudieran significar un aumento de protestas en el territorio colombiano. En conversación con el diario colombiano El Tiempo, estimó que el manejo que le dé el Gobierno a estas manifestaciones marcarán la hoja de ruta a lo que resta de gestión.
«Si esto se vuelve sintomático y no es simplemente la coincidencia de hechos aislados, es posible anticipar que el Gobierno tendrá un nuevo frente de contingencia por atender. Uno que además en una campaña tan anticipada, con una administración que está pasando por un momento de aprobación delicado y con bajas ejecutorias, podría convertirse en un problema muy grande», subrayó.
FUENTE: Con información de Revista Semana y El Tiempo de Colombia
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