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Es un hecho nunca visto por instancias internacionales de derechos humanos.
Uno de ellos es Ricardo Daniel Brito Landaeta, quien acaba de cumplir 19 años de edad, preso en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón —nido de la peligrosa organización criminal el Tren de Aragua—. El joven padece de discapacidad auditiva y déficit del habla por paladar hendido (labio leporino) desde que nació.
Aquel día, Brito se encontraba viendo su celular sentado en la acera cerca de su casa, en San Felipe (estado Yaracuy), luego de llegar de la tienda donde trabajaba, cuando policías de la localidad se lo llevaron sin orden ni justificación —la protesta se desarrollaba en otra calle— y lo recluyeron en los calabozos de la Comandancia, con otros más.
De ello da testimonio un video y Brígida, su abuela materna que lo cuida junto a otro hermano menor de edad.
“Esta pesadilla nos ha cambiado la vida, la de él y la mía”, dice llorosa desde una casita cercana a Tocorón, donde lleva poco más de un mes rentada, tras dormir en la plaza, junto con otros familiares de más de 300 muchachos presos que en septiembre también fueron llevados a ese penal, desde otros centros del país.
El patrón de presos políticos
Las condiciones de detención de Brito siguen el mismo patrón del resto de los más de 2,000 presos políticos desde las protestas ciudadanas: sin respeto a sus derechos a la defensa con abogado privado ni al debido proceso, y con precaria atención a su salud física y mental.
Por ello, la abuela de Brito, junto a otras madres, se trasladó a Caracas para exigirle al defensor público de presos que le dé información sobre el proceso penal por terrorismo, y además se le permita llevarles “agua y arepitas limpias” a Tocorón. No obtuvieron información. Pero solicitó que un médico especialista visite a su nieto para que evalúe su condición.
Junto a ellas, otros familiares y ONG solicitan también la intermediación de las Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia (UNICEF), para que se les dé libertad plena e inmediata a los 70 menores de edad.
En su informe conclusivo presentado el 14 de octubre pasado, la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos en Venezuela señala que comprobó la detención de 158 niños, niñas y adolescentes, 28 de sexo femenino y 130 masculino, en medio de una “campaña de detenciones masivas, indiscriminadas” y selectivas de opositores y de la sociedad civil.
Una situación nunca antes registrada en sus investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos, por parte del régimen, en las peores protestas ocurridas hace 11 años.
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Sin visitas ni tratamiento
Brígida afirma que la han dejado ver a su nieto solo en dos ocasiones muy breves en Tocorón, desde hace más de mes y medio.
La primera vez ocurrió a los pocos días de haber sido detenido en la Comandancia de Yaracuy. “Los policías me vinieron a buscar a mi casa porque Ricardo se negaba a comer, estaba débil y deprimido”, relata la abuela y supone que lo hicieron porque de pasarle algo al muchacho “era un riesgo que no querían correr”.
Dice que en esa ocasión lo pudo ver solamente media hora y dejarle su tratamiento que, supo, se lo dieron una semana después. Pero a la segunda semana que le correspondía visita, lo trasladaron sin aviso a Tocorón.“Se lo llevaron a esa cárcel a las 3:00 de la madrugada, junto con los otros muchachos y no nos dijeron nada”.
La primera vez en Tocorón pudo verlo a través de un vidrio. Se veía deprimido, asegura.
La segunda fue el viernes 18 de octubre, en casi 70 días que lleva detenido. “Tenía diarrea, le dan agua cada dos o tres días y la comida está en mal estado. Como no quiere comer tuve que comprarle suero con vitamina C”.
La abuela le importa poco su condición de hipertensa y asegura que seguirá allí, en Aragua, hasta que consiga visitarlo. “Le hace falta un abrazo”.
“Ricardo me ayudaba, pero ahora no tengo quien me dé nada, y si no puedo pagar el arriendo de la casa frente a Tocorón, me vuelo a ir a dormir a la plaza, pero yo no voy a abandonar a mi muchacho aquí”.
Ricardo Brito no es el único muchacho detenido a pesar de padecer una condición de salud. En el sector de Los Nuevos Teques, en el céntrico estado Miranda, un menor con espectro autista fue detenido también el 29 de julio, señalado de terrorismo por protestar. Estaba en la puerta de su casa cuando ocurrían las manifestaciones, sin participar, informó recientemente la ONG Foro Penal que lleva el registro de los presos políticos.
Sin justicia ni información
Este lunes, Brígida tenía la esperanza de ser atendida en Caracas por el defensor público asignado a su nieto Ricardo Brito, pero no obtuvo resultados y, como otros familiares, tuvo que regresar sin certezas al interior del país: el funcionario no le informó la fecha de la audiencia de juicio, según el abogado de la familia, Eduardo Torres.
“Brígida, como otros familiares que viven en el interior del país tienen que averiguar en los tribunales de terrorismo, centralizados todos en Caracas, cuándo serán las audiencias de juicio, una información a la que solo tienen acceso los defensores públicos, pero aún no se sabe porque en estos casos el retardo procesal es otro de los problemas que caracteriza el sistema judicial en Venezuela”.
No obstante, el defensor público, de apellido Torres, habría cumplido con algunos de los trámites que le exige su función.
«Entendemos que este funcionario sí presentó en la audiencia preliminar de los adolescentes y jovencitos detenidos, incluido Brito, constancias de buena conducta, de estudios, de los vecinos con firmas que dan fe de que son buenos muchachos; es decir, sí ejerció función legal”, señala el abogado.
Informó además que Brígida y otras madres que residen también en el interior del país acudieron además a las sedes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, ambas en la capital, para denunciar las condiciones sanitarias que los detenidos padecen en Tocorón: “Incluyendo los maltratos en un problema que se presentó”.
“En días pasados les quitaron las biblias a todas las personas allí recluidas, pero pienso que los defensores públicos deberían acompañarlas a hacer esas denuncias ante las instancias del Estado en protección a los derechos humanos”.
FUENTE: Entrevistas Brígida y Eduardo Torres, abogado; con información informe Misión Independiente de la ONU
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