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Los aliados del gobierno de Nicolás Maduro sancionaron este jueves en Venezuela una ley que contempla “penas gruesas” contra los opositores que apoyen las sanciones económicas extranjeras, acciones “armadas” y “ataques cibernéticos” contra el Estado.
La ley impulsada por el chavismo en el poder legislativo venezolano nació en respuesta a una normativa aprobada hace pocos días en Estados Unidos, que busca frenar el flujo financiero del chavismo y sus eventuales negocios con agencias federales.
Dos semanas después del triunfo del presidente electo Donald Trump, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley bipartidista BOLÍVAR, un acrónimo en inglés que identifica la “prohibición de operaciones y arrendamientos con el régimen autoritario ilegítimo de Venezuela”.
Su promotor es Mike Waltz, un congresista republicano que ha sido designado por Trump como su futuro asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca.
La ley retoma las sanciones dictadas por la normativa de autorización de defensa nacional e impide al Pentágono hacer negocios con firmas que tengan vínculos con el gobierno venezolano.
El Senado, la cámara alta de EEUU, tiene en sus manos la ley para su discusión. Maduro, por su parte, la ha llamado “ley basura” y adelantó que iban a “contrarrestar” su aplicación.
Este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó la “Ley Especial Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, para remitirla ahora al presidente para su firma y promulgación.
Es “la verdadera ley” homónima de Bolívar, dijo Maduro la semana pasada , refiriéndose al líder de la independencia venezolana en el siglo XIX, la figura patria más emblemática y quien ayudó a liberar a otros 4 países de América del Sur.
Sanciones, cárcel y multas
La respuesta del chavismo a EEUU fue una ley de dos docenas de artículos, identificada como la “Ley Simón Bolívar” y que apunta a quienes hayan apoyado el “bloqueo criminal” y las sanciones de Estados Unidos, adelantó el presidente venezolano.
A diferencia de leyes anteriores, ésta no da herramientas ni autorizaciones al gobierno de Venezuela para hacer frente a las sanciones económicas extranjeras.
En cambio, apunta contra venezolanos y extranjeros que “promuevan, instiguen, soliciten, respalden o participen” en sanciones económicas, acciones violentas y “ataques cibernéticos” contra el país, sus autoridades e instituciones.
Sus penas incluyen impugnación de candidaturas, multas millonarias, prisión de 25 a 30 años, la inhabilitación para ejercicio de funciones públicas y la inhabilitación política por “hasta 60 años”.
La inhabilitación política no debe excluir condenas de cárcel contra los involucrados, opinó en el debate en el poder legislativo Jorge Rodríguez, presidente del parlamento y hombre de confianza de Maduro.
La “Ley Simón Bolívar” también establece la posibilidad de “expulsión y prohibición de ingreso” al territorio venezolano de extranjeros que “cometan acciones contrarias a valores y derechos irrenunciables” del país suramericano.
Además, se precisa que las investigaciones de los delitos previstos en la ley serán “imprescriptibles” y serán adelantadas de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, que incluye una audiencia oral del juicio contra los acusados.
Medios y redes sociales con una diana
La normativa indica que se aplicará la Ley de Extinción de Dominio contra los imputados, es decir, que el Estado podrá enajenar sus bienes muebles e inmuebles. Los delitos de la ley son considerados como una “actividad ilícita de delincuencia organizada”.
También, se prevén revocatoria de concesiones y multas millonarias contra emisoras radiales y canales de televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes que promuevan las sanciones económicas extranjeras.
La ley contempla la negación de “permiso” del Estado e incluso multas para redes sociales que difundan ese tipo de mensajes a favor de sanciones o acciones violentas contra el Estado. Se permite tomar “medidas preventivas” contra investigados por esos delitos.
El Estado llevará un “registro” de quienes estén presumiblemente involucrados en “acciones” sobre sanciones económicas extranjeras y planes violentos, que podría derivar en el congelamiento de activos y la prohibición de comprar, vender, importar o exportar bienes, así como la negación de visas a extranjeros y su prohibición de ingreso al país.
Se trata de “penas gruesas” contra quienes no sólo apoyen las sanciones, sino que además “pidan acciones de cualquier extranjero que quiera dañar a Venezuela”, adelantó Maduro.
María Corina Machado, dirigente del movimiento opositor Vente Venezuela, fue mencionada múltiples veces como simpatizante de la “Ley Bolívar” de EEUU en los debates del poder legislativo.
El oficialismo ha denunciado que la oposición promueve conspiraciones y estaría buscando contratar a “mercenarios” como los miembros de la firma militar privada Blackwater, hoy Academi, liderados por el ex Navy Seal Erik Prince.
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