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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el lunes la Ley bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, conocida como «Ley Bolívar».
La legislación fue presentada por el congresista republicano Mike Waltz, escogido por el presidente electo Donald Trump como su futuro asesor de seguridad nacional, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, ambos de Florida.
«Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que luchan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores», dijo Waltz en un comunicado.
La Ley Bolívar retoma las sanciones dictadas por Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020 y que impide al Pentágono realizar contratos con empresas que también tuvieran contratos con cualquier entidad del gobierno venezolano bajo el control de Nicolás Maduro.
La congresista republicana María Elvira Salazar celebró el anuncio indicando que «la legislación corta un salvavidas financiero adicional para el aparato represivo del régimen de Maduro», según un mensaje publicado en X.
La normativa debe de ser aprobada ahora por el Senado, donde tiene respaldo de una amplia mayoría bipartidista. Ello aumenta las posibilidades de que sea aprobada sin tropiezos.
El 28 de julio, Venezuela celebró sus elecciones presidenciales y, según observadores internacionales, no fueron libres ni justas ni pueden ser consideradas democráticas. La oposición presentó las actas con resultados que mostraban la victoria holgada del candidato Edmundo González, hoy exiliado en España.
El gobierno saliente de Joe Biden flexibilizó parcialmente sanciones económicas contra el gobierno de Maduro entre 2022 y 2023 para favorecer las negociaciones para unas elecciones libres, justas y transparentes, así como acuerdos políticos.
Esas flexibilizaciones incluían licencias especiales para operaciones de la industria de petróleo y gas en Venezuela, donde participan la estadounidense Chevron y firmas europeas, entre otras.
En su comunicado, Waltz dijo que Estados Unidos debía mantener las sanciones existentes contra el gobierno de Maduro y «buscar expandirlas» para minimizar el acceso del ejecutivo venezolano a recursos que le permitan «abusar de las libertades y la prosperidad de los venezolanos».
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