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La firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, marcó un antes y un después en el camino hacia el fin del conflicto en el país. Sin embargo, la búsqueda de una paz definitiva sigue siendo un desafío debido a la persistencia de la violencia.
Recientemente, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) informó que desde la firma del Acuerdo, más de 1,5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse como consecuencia del recrudecimiento del conflicto.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó durante el acto de conmemoración de la firma de la paz, celebrado el 21 de noviembre, que la implementación del acuerdo se encuentra a “medio cumplir”.
Expertos consultados por la Voz de América afirman que, en estos ocho años de implementación, el acuerdo enfrenta dificultades por la falta de garantías de seguridad para los excombatientes y líderes sociales, lo que sigue siendo una deuda pendiente.
“El espíritu del acuerdo está sumamente golpeado en estos ocho años pues se han asesinado 430 firmantes de paz, porque si asesinan a una porción importante que firmó el acuerdo quiere decir que el Estado no es capaz de proteger la vida de quienes acuden a él para hacer la paz”, explicó a la VOA Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
La creación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ha sido clave para acompañar la transición de los excombatientes a la vida civil. Estos espacios han promovido proyectos productivos que benefician tanto a los firmantes de paz como a las comunidades cercanas.
En ese sentido, las medidas de desarrollo rural incluidas en el Acuerdo han impulsado algunos proyectos en zonas afectadas por la violencia, pero su alcance sigue siendo limitado. La Reforma Rural Integral, que forma parte del punto 1 del Acuerdo, presenta importantes rezagos.
De acuerdo con cifras de la Contraloría de Colombia, la “Reforma Rural Integral no presenta cambios estructurales en las regiones y zonas rurales del país, debido a una ejecución desarticulada”.
“Los puntos de reforma rural están en baja implementación. Esto afecta gravemente el espíritu del Acuerdo porque no se logran concretar los compromisos”, señaló Bonilla.
El Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos ha beneficiado a miles de campesinos, pero enfrenta retos importantes. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las hectáreas de hoja de coca aumentaron un 10 % interanual en 2023, y la producción potencial de cocaína incrementó un 53 %.
“Para sustituir cultivos se necesita un buen producto con el cual se sustituya y sea completivo y que genere la misma economía que genere la coca y eso no ha existido”, reveló Bonilla.
Las garantías de seguridad para los excombatientes también son un tema crítico. Desde 2016, más de 432 excombatientes han sido asesinados, reflejando un problema grave de seguridad para quienes dejaron las armas.
“Una de las grandes fallas del Acuerdo es el tema de seguridad. Esto se debe, en parte, a la fragmentación de los actores armados, como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Esto deja un balance insuficiente en estos ocho años”, comentó a la VOA, Eduardo Bechara Gómez, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia.
Además, a pesar de que el Gobierno ha priorizado la indemnización a las víctimas, los avances son insuficientes. De acuerdo con cifras oficiales, solo el 17% de las víctimas han sido reparadas. A este ritmo, se necesitarían más de cinco décadas para completar la reparación total.
Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial surgido tras el Acuerdo, tiene abiertos 11 macrocasos con los que se busca investigar y esclarecer los hechos más graves del conflicto armado colombiano.
“Lo más destable del acuerdo es el compromiso de las víctimas y de los firmantes que a pesar de las condiciones de implementación siguen con la firmeza de apostarle a la paz y transformar sus territorios”, destacó Bechara.
Ante estos retos, el presidente Gustavo Petro ha propuesto extender la implementación del Acuerdo hasta 2038, considerando insuficientes los plazos actuales.
La extensión busca garantizar el cumplimiento de los compromisos pendientes y fortalecer su política de paz total, que incluye negociaciones con otros actores armados como el ELN y las disidencias de las FARC, que han estado marcadas por diferentes obstáculos.
“Estamos muy rezagados. Según el Instituto Kroc, hemos cumplido solo un 30 % del Acuerdo, principalmente en temas normativos. Esto refleja un avance limitado en su implementación”, afirmó Bonilla.
En ese sentido agregó que hay una “necesidad altísima de ampliar la etapa de implementación del acuerdo”.
“Si no es esa opción de ampliar su implementación hasta 2028 es un acuerdo de paz que se ha incumplido y un acuerdo incumplido es un conflicto revivido y escalado”, concluyó Bonilla.
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