[ad_1]
BUENOS AIRES — Cristina Fernández de Kirchner, a través de su abogado Facundo Fernández Pastor, presentó un recurso administrativo de nulidad ante la Anses con el objetivo de restablecer el pago de su jubilación de privilegio y la pensión que recibe como viuda del expresidente Néstor Kirchner.
El abogado de la expresidenta argentina Cristina Fernández ha presentado este viernes un recurso para recuperar las dos pensiones que percibía, una de ellas por jubilación y la otra derivada de su difunto marido, después de que el Gobierno del presidente Javier Milei las revocase en virtud de una condena en su contra por fraude.
De acuerdo con el abogado, la medida «viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
En este sentido, el texto asegura que la decisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social de suspender las pensiones tras la orden del presidente Milei fue «arbitraria», ya que la expresidenta no pudo defender su posición y el Gobierno no tiene competencias para dar este paso.
Asimismo, su representante legal aseguró que la retirada de las dos pensiones honoríficas, que ascienden a un total de 35,2 millones de pesos (33.722 euros), es «un acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo».
Sentencia por fraude es firme
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua dictada contra Fernández dentro de la denominada ‘Causa Vialidad’ sobre la concesión fraudulenta de obras públicas.
Pese a que la defensa de Fernández puede presentar todavía un recurso ante el Supremo, el Ministerio de Capital Humano resolvió dar de baja los beneficios que le correspondían por su etapa presidencial y la asignación personal derivada por la pensión de su difunto marido, el antiguo mandatario Néstor Kirchner.
El Gobierno de Milei esgrimió entonces que es «una necesaria consecuencia» por la «indignidad» de su condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, aseguró que este tipo de jubilaciones son «un privilegio que no debería existir».
FUENTE: Con informaciòn de Europa Press
[ad_2]
La fuente
