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Estados Unidos actualizó el viernes la alerta de seguridad a los viajeros hacia El Salvador y la bajó al nivel 2, por la reducción de la actividad criminal de las pandillas, a las que las autoridades salvadoreñas responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en la nación centroamericana.
En su actualización, Estados Unidos señala que “aunque el crimen sigue siendo una preocupación en El Salvador, ha habido una reducción significativa en la actividad relacionada con pandillas y el crimen relacionado con estas en los últimos dos años”.
Destaca que los empleados del gobierno de Estados Unidos pueden viajar por todo el país durante las horas del día, pero que principalmente debido a preocupaciones de infraestructura, no pueden viajar entre ciudades o departamentos después del anochecer, excepto en la ruta entre San Salvador y el aeropuerto internacional de El Salvador y entre San Salvador y la zona turística de La Libertad.
La alerta mantiene la petición de cautela ante el régimen de excepción instaurado por el Congreso salvadoreño para combatir a las pandillas, pues suspende algunos derechos constitucionales y “pretensiones normales al proceso penal, ya que varios ciudadanos estadounidenses y extranjeros han sido detenidos bajo el estado de excepción, permanecen en prisión y aún no han sido juzgados”.
No obstante, en la actualización no se proporcionan detalles de los detenidos mencionados.
“Estados Unidos baja la alerta de viaje a El Salvador debido a la reducción de la delincuencia”, dijo el presidente Nayib Bukele en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter.
Por su parte el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, agregó en X: “Me complace ver que la alerta de viaje del Departamento de Estado para El Salvador ha pasado del nivel 3 al nivel 2 debido a la reducción de los índices de delincuencia en el país.”
En marzo de 2023 el Departamento de Estado emitió la alerta de seguridad para sus ciudadanos en la que recomendaba reconsiderar las visitas a El Salvador y señaló que el gobierno salvadoreño implantó un régimen de excepción en respuesta a una escalada criminal de las pandillas, que sigue vigente y que “otorga las autoridades la facultad de detener a cualquier persona de quien se sospeche actividad pandilleril”.
El estado de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022 — un día después de que en 24 horas las pandillas asesinaron a 62 personas — suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.
Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Bajo el régimen de excepción más de 83.000 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados, según cifras oficiales. La mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas.
Según la información oficial, la mayoría de los detenidos permanecen en prisión sin una sentencia judicial. El gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a más de 7.000 detenidos por falta de pruebas.
La medida, de naturaleza temporal, lleva más de dos años y medio en vigor y ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por organismos y activistas de derechos humanos, los cuales han registrado más de 6.000 denuncias presentadas por las víctimas y dicen haber documentado la muerte de 330 personas privadas de libertad.
En 2015 El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo con 5.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 1000.000 habitantes.
El país cerró 2023 con 214 homicidios, entre ellos, 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con las autoridades. En lo que va del año la policía ha registrado 129 asesinatos.
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