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El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, anunció la noche del domingo que la fuerza pública no acatará las órdenes «ilegales» de la Fiscalía, tras el allanamiento el domingo de la vivienda del exministro de comunicaciones Félix Alvarado, quién había renunciado al cargo la semana pasada quedando así sin inmunidad.
La Fiscalía no quiso confirmar los motivos para el allanamiento, alegando que el caso estaba bajo reserva judicial.
«Nosotros lo que vamos a hacer es asegurarnos que la fuerza pública no ejecute órdenes que no respondan a la más estricta legalidad» dijo el mandatario en conferencia de prensa.
La «justicia en Guatemala está en crisis», afirmó Arévalo, que responsabilizó al Ministerio Público de provocar la crisis por ser «criminalizador y arbitrario». El presidente adelantó que se implementara un mecanismo para revisar las órdenes de la Fiscalía, sin dar más detalles.
Arévalo dijo que fiscales del Ministerio Público con el rostro cubierto allanaron la residencia del exfuncionario y sustrajeron sus documentos de identidad, incluyendo el pasaporte, algo que calificó como «acciones espurias» que rechazaba. El cateo incluía un despliegue policial, aunque los agentes no entraron en la vivienda.
Arévalo calificó a Alvarado como un hombre transparente y honrado y le agradeció los seis meses a cargo de la cartera de Comunicaciones. Alvarado dijo la semana pasada que dejaba el cargo por desacuerdo con el presidente.
El presidente anunció que citará de forma urgente a la fiscal general, Consuelo Porras, para que explique su participación en la crisis del sistema de justicia, luego de que organismos internacionales como la OEA y la ONU rindieron informes sobre acoso, amenazas y criminalización de parte de la Fiscalía contra operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso en procesos de elección de cortes.
Porras mantiene una arremetida contra el gobierno de Arévalo, que inició cuando este era aún candidato presidencial. Su Fiscalía intentó investigar a más de 150.000 guatemaltecos que participaron en las juntas electorales recibiendo los votos de los ciudadanos bajo acusaciones de un presunto fraude electoral.
El mandatario recordó como parte de esa crisis de justicia el encarcelamiento que vivió la exdirectora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, que forma parte de su partido político y la semana pasada aceptó cargos y fue condenada por delitos relacionados con financiamiento electoral del partido. Tras su condena recuperó inmediatamente su libertad.
Hernández dijo que era inocente, pero que aceptaba los cargos para salir de prisión, donde llevaba tres meses, y se encontraba deprimida y enferma. Arévalo calificó de tortura psicológica lo ocurrido a Hernández.
El presidente denunció la cooptación del sistema de justicia por jueces corruptos que también quieren volver a enviar a prisión al periodista José Rubén Zamora, quién pasó más de 800 días en prisión sin condena. Tras recuperar su libertad, hace menos de un mes, una corte de apelaciones ordenó que volviera a prisión.
«La misma minoría corrupta busca hacer que José Rubén Zamora vuelva a la cárcel para seguir demostrando su desprecio por la libertad de expresión» dijo el presidente.
Arévalo condenó «la persecución a quienes piensan independiente, a quienes actúan de acuerdo con su conciencia, es su agenda cotidiana (…) Nuestra democracia es una amenaza para ellos y quieren destruirla cueste lo que cueste».
El presidente recordó que ni él se ha salvado de las acciones de la Fiscalía, que le ha presentado en 11 ocasiones solicitudes de retiro de inmunidad, las cuales no ha logrado.
Como varios de sus fiscales, Porras está sancionada por más de 40 países que le han prohibido la entrada a sus territorios señalándola de obstruir la lucha contra la corrupción y de socavar la democracia en el país centroamericano.
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