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El chavismo regresa a la escena electoral en Venezuela por primera ocasión desde las polémicas elecciones presidenciales de julio. Esta vez, el oficialismo promueve la selección de 30.000 “jueces de paz” para la resolución de conflictos en miles de comunidades del país.
Según expertos, los «jueces de paz» son figuras mayoritariamente cercanas al gobierno de Nicolás Maduro y cuya elección podría ser un «ensayo» oficialista de cara a los comicios parlamentarios y regionales en 2025.
El presidente Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista y otras instituciones han convocado a la votación el próximo 15 de diciembre para elegir a miles de líderes locales que procurarán “la preservación de la armonía” en las relaciones familiares y la convivencia comunitaria en Venezuela, según una reforma reciente a la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, que data de 2012.
Todo venezolano podrá votar para elegir a 15.000 “jueces de paz” principales e igual número de suplentes en 5.000 circuitos comunales de los 365 municipios del país.
Para postularse al cargo, es necesario ser venezolano, tener 25 años o más de edad, haber vivido en la comunidad respectiva por al menos 3 años, tener buena reputación en cuanto a respeto a valores democráticos y llenar una planilla de aspiración.
Cierto entusiasmo civil
Pedro Infante, diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, presidido por Maduro; explicó la semana pasada que un “juez de paz” intermediará en los conflictos civiles tras recibir inducción por medio año de parte del poder judicial y el Ministerio para Comunas.
Tendrán el poder de hacer arbitrajes y dictar sentencias en asuntos como conflictos entre vecinos, interpretación de ordenanzas y recepción de denuncias. Podrán solventar obligaciones de manutención de hijos y convivencia con la fauna doméstica.
Esta figura actuará además como mediador comunal y podrá impartir justicia localmente en casos de inquilinatos, situaciones legales de terrenos y cobros de deudas, hasta cierto monto.
Hay sectores de la sociedad civil que reciben con agrado la votación. Elías Santana, promotor comunitario y fundador de la plataforma Micondominio.com, destacó este martes en un seminario de su organización que la elección de “jueces de paz” se concreta luego de 12 años “de retraso” tras su legalización.
Enrique Herrera Silla, abogado especialista en condominios, argumentó que los “jueces de paz” ayudarán a descongestionar las fiscalías del país en cuanto a situaciones de convivencia, podrán “dictar una decisión” de manera inmediata y evitarán que “situaciones menores” entre vecinos escalen a delitos.
Santana, por su parte, advirtió sin embargo sobre la falta de presupuesto y capacitación de los «jueces de paz» que resulten electos, criticando que se voten en un proceso de tan sólo 29 días. «¿Cuál es el apuro?», se preguntó, pidiendo un aplazamiento del sufragio, aunque reconoció aciertos que dice ver en la ley.
Relanzamiento de una vieja idea
La elección de “los jueces de paz” ocurrirá 5 meses después de la controvertida votación presidencial del 28 de julio, ganada oficialmente por Maduro, pero que sus opositores dicen haber conquistado con un margen a su favor de más de 30 % de los votos totales.
Al menos 4 países -Estados Unidos, Italia, Argentina y Ecuador- han reconocido la victoria del candidato opositor, Edmundo González Urrutia, en el exilio en España, pero quien promete regresar al país para juramentarse como presidente el 10 de enero de 2025.
El oficialismo venezolano está apostando antes de iniciar el tercer mandato de Maduro por el “relanzamiento del Estado comunal”, que promovió el expresidente Hugo Chávez Frías (1999-2013) en los tiempos finales de su gobierno para “sustituir” la influencia de los partidos políticos, de acuerdo con el politólogo e investigador Piero Trepiccione.
Los consejos comunales son factores alineados con el partido único de gobierno y el ejecutivo madurista, que, de facto, desplazan a sectores opositores, afirmó Trepiccione, directivo del centro de investigación y análisis de entorno político social Gumilla.
La elección de los “jueces de paz” serviría para “sacar del juego a los partidos políticos opositores tradicionales” en Venezuela y “amalgamar” el apoyo popular a favor del chavismo, reorientando la participación pública hacia factores “contrarios al pluralismo político que caracteriza a una democracia abierta”, advirtió Trepiccione a la Voz de América.
Varios analistas independientes ya han expresado sus temores de que esos cargos a elegir, existentes en otros países como Colombia, se politicen en el caso venezolano y no sean objetivos ni imparciales en sus funciones por su cercanía con el gobierno.
Ensayo electoral
La próxima elección de “jueces de paz” no sólo busca “empoderar a las comunidades y fortalecer el poder popular” que impulsa el chavismo desde inicios de siglo, sino que le servirá de “ensayo” antes de otros comicios de mayor perfil en 2025, como las regionales y las parlamentarias, explicó a la VOA el politólogo Jesús Castillo Molleda.
Según Castillo Molleda, la nueva legislación habilita a estas figuras comunales para “dictar medidas preventivas de urgencia para prevenir daños irreparables” en sus vecindades.
“El gobierno nacional, después del conflicto post electoral del 28 de julio, aprovecha para sacar al juego unas elecciones en donde la oposición prácticamente estará invisible con sus pocas excepciones”, apuntó sobre la ausencia del antichavismo en la votación de diciembre.
La oposición tradicional, aglutinada en la Plataforma Unitaria Democrática y el liderazgo de María Corina Machado, no ha mostrado hasta el momento interés ni intención de participar en una elección de figuras y con base en leyes promovidas exclusivamente por el chavismo.
En cambio, dice estar centrada en salidas negociadas a la crisis política, la juramentación de González Urrutia como presidente y una “transición democrática” a partir de enero.
El chavismo denuncia conspiraciones violentas en su contra y asegura que será Maduro quien asuma un nuevo mandato presidencial en enero, no su adversario electoral de julio.
El mes próximo, el gobierno “lograría un triunfo que le permitiría reanimar a sus cuadros electorales previo a los actos del 10 de enero del año 2025”, anticipó Castillo Molleda.
“Además, logra un control social jurídico desde las comunidades, dándoles poder de resolución de conflictos a las estructuras políticas del PSUV”, complementó.
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