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La Procuraduría colombiana sancionó disciplinariamente este martes al excanciller colombiano, Álvaro Leyva, al hallar irregularidades durante un polémico proceso de licitación para elaborar pasaportes con un presupuesto cercano a los 150 millones de dólares.
Por ese proceso, Leyva fue suspendido como canciller en enero para enfrentar un juicio disciplinario y, en su reemplazo, el presidente Gustavo Petro nombró como canciller a Luis Gilberto Murillo. El presidente protestó en su momento alegando que era un intento de debilitar su gobierno.
En el fallo en primera instancia, Leyva, de 82 años, fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, porque según la Procuraduría «desconoció los principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes».
La sanción puede ser apelada ante el despacho de la procuradora general de Colombia, Margarita Cabello. En el país, la Procuraduría se encarga de investigar y juzgar disciplinariamente a los funcionarios públicos, mientras que la Fiscalía atiende procesos penales.
Tras conocer el fallo, Leyva cuestionó la independencia de la procuradora general. «Ella lo que ha demostrado es que siempre hay alguien detrás de ella, no es autónoma», dijo a la prensa y anunció que interpondrá una acción de nulidad contra el fallo que lo sanciona.
«La nulidad se viene, lo que hay que establecer en su momento si hubo dolo detrás, porque si hubo dolo habrá una iniciativa de un carácter penal», agregó el excanciller.
¿Por qué ocurre la sanción?
A inicios de 2023, la Cancillería abrió una licitación para buscar quién se encargaría de la impresión de pasaportes en el país. La empresa Thomas Greg & Sons era la única postulante, luego de elaborar los pasaportes por más de una década.
La Cancillería recibió críticas de la prensa que advertían que había un posible favoritismo por ese operador para que se quedara con el contrato.
La Procuraduría advirtió entonces que vigilaba de cerca que se dieran garantías de «selección objetiva». Petro se unió a los cuestionamientos, porque dijo no estar de acuerdo con que se adjudiquen contratos cuando sólo hay un oferente, por temor a que no haya competencia real.
Fue entonces, en septiembre de 2023, cuando el canciller Leyva declaró desierta la licitación, una decisión que implicaba cerrar el proceso de contratación por falta de postulantes o porque quienes lo hicieron no cumplieron los requisitos.
Sin embargo, la Procuraduría encontró que su decisión no estuvo ajustada a la ley, porque la empresa que ofertó «cumplió con todos los requisitos» que se le solicitaban.
Para la Procuraduría, Leyva «declaró irregularmente desierta la licitación pública (…) y generó un riesgo en la prestación del servicio, pues resultaba imposible iniciar un nuevo proceso licitatorio», dado que estaba por terminar el contrato vigente de pasaportes, según se leyó en el fallo.
Durante el juicio disciplinario, la defensa del excanciller dijo que, al declarar desierta la licitación, sólo quería salvaguardar los recursos públicos.
El excanciller fue absuelto por la Procuraduría por haber declarado la «urgencia manifiesta», una figura jurídica que permitía que se presentaran ofertas para la prestación del servicio de pasaportes y se contratara directamente -sin un proceso de licitación- en medio del riesgo de que el país se quedara sin la elaboración de los documentos.
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