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El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, pidió este martes juzgar y condenar a los líderes opositores Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, además de otros tres antichavistas, por «traición a la patria», lo que se castiga en el país con hasta 30 años de cárcel, la pena máxima.
EFE
El diputado también hizo un llamado a procesar al exalcalde Leopoldo López y a los expresidentes de la AN Juan Guaidó y Julio Borges, todos en el exilio, igual que González Urrutia -candidato presidencial de la oposición mayoritaria-, mientras que Machado asegura estar en la clandestinidad dentro del país caribeño.
Minutos antes, Rodríguez propuso establecer «nuevas formas» de actuar contra los «criminales» que piden y celebran sanciones internacionales contra el país caribeño, en una «ley especial» que el Legislativo tiene previsto discutir a partir del jueves y aprobar la próxima semana.
Esa normativa establecerá la inhabilitación política de manera perpetua contra quienes comentan «actos tan lascivos» como -dijo- pedir sanciones, de lo que Rodríguez acusó a González Urrutia -quien se encuentra en España desde septiembre-, a quien la mayor coalición opositora señala como el verdadero ganador de las elecciones de julio, pese a que el ente comicial proclamó vencedor al mandatario Nicolás Maduro.
Rodríguez planteó esta nueva normativa durante la discusión de un acuerdo en rechazo a un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que complementa las normas que prohíben a instituciones federales del Gobierno norteamericano contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Ejecutivo de Maduro.
A juicio del parlamentario, se trata de un «nuevo acto de barbarie» con el que se persiste en una de las «acciones más agresivas que ha conocido» el país caribeño y que «tiene características de crímenes de lesa humanidad», en referencia a las sanciones.
El acuerdo, aprobado por la plenaria, establece el repudio al «ilegal» proyecto de ley que, según la AN, busca «incrementar la imposición criminal de medidas coercitivas unilaterales» contra Venezuela.
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