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La secretaría de gobierno de Arizona debe divulgar una lista de decenas de miles de votantes que fueron clasificados erróneamente como con acceso a la boleta completa debido a un error de codificación, dictaminó el jueves un juez del Tribunal Superior del condado de Maricopa.
El secretario de gobierno Adrian Fontes inicialmente negó una solicitud de registros públicos para la lista que fue presentada por America First Legal, un grupo dirigido por Stephen Miller, un exasesor del expresidente Donald Trump. La oficina de Fontes citó preocupaciones sobre la precisión de la lista y la seguridad de los votantes incluidos.
El juez Scott Blaney dijo que el tribunal no recibió ninguna evidencia creíble que mostrara que la información sería mal utilizada o fomentaría la violencia o el acoso contra los votantes cuya ciudadanía no ha sido verificada. Blaney estableció un plazo hasta el mediodía del lunes para que la oficina de Fontes divulgara una lista de 98.000 votantes e información en la que Fontes se basó al anunciar a principios de octubre que aún más votantes habían sido afectados, para un total de 218.000.
Arizona es uno de los estados más observados dado su estatus de campo de batalla presidencial, y ambas campañas han intensificado su presencia en las últimas semanas para cortejar a los votantes indecisos. El error de codificación no afecta las carreras federales. Pero llevó a una decisión de la Corte Suprema del estado en septiembre de que los votantes mal clasificados, que representan aproximadamente el 5% de todos los votantes indecisos, aún podrían votar la boleta completa aunque los funcionarios no hayan confirmado si son ciudadanos de Estados Unidos.
Ese número de votantes podría inclinar la balanza en contiendas locales y estatales ajustadas, así como en medidas electorales muy competitivas sobre el aborto y la inmigración. Los votantes están registrados casi por igual como demócratas, republicanos o con ninguno de esos partidos.
Fontes ha dicho que tiene la lista de 98.000 votantes pero no una más extensa a pesar de declarar que muchos más fueron afectados. Su oficina dijo el jueves que está revisando la decisión de Blaney y evaluando sus opciones.
Blaney vetó a Strong Communities Foundation y su asesor legal, America First Legal, distribuir información que reciban de la oficina de Fontes antes del día de las elecciones el martes a cualquier persona excepto a los registradores del condado, el presidente del Senado de Arizona y el presidente de la Cámara de Representantes de Arizona y los miembros del comité de elecciones.
El asesor legal de America First Legal, James Rogers, dijo en un comunicado el jueves que el grupo tiene la esperanza de que los registros puedan ser utilizados para verificar la ciudadanía de los votantes en la lista.
“Es lamentable que el secretario Fontes se haya opuesto tan agresivamente a nuestros esfuerzos de sentido común para ayudar a restaurar la confianza en el sistema electoral de nuestro estado”, dijo Rogers.
La sentencia también requiere que la oficina de Fontes divulgue comunicaciones y transmisiones de datos con varias agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Transporte de Arizona y la oficina de la gobernadora Katie Hobbs.
La clasificación errónea de votantes de solo federal a votantes de boleta completa fue atribuida a un error en las bases de datos estatales que involucran licencias de conducir y la División de Vehículos Motorizados de Arizona.
Arizona es único entre los estados en que requiere que los votantes prueben su ciudadanía para participar en carreras locales y estatales. Aquellos que no lo han hecho pero lo han jurado bajo pena de ley solo están autorizados a participar en elecciones federales.
El estado considera que las licencias de conducir emitidas después de octubre de 1996 son prueba válida de ciudadanía. Sin embargo, el error de codificación del sistema marcó a 218.000 votantes que obtuvieron licencias antes de 1996, erróneamente, como votantes de boleta completa, dijeron funcionarios estatales.
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