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Una decena de organizaciones del continente americano que trabajan en defensa del periodismo y la libertad de expresión solicitó al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas una acción urgente para proteger y garantizar el derecho fundamental a expresarse en Nicaragua.
Entre las entidades que enviaron una petición firmada al Consejo de Derechos Humanos, se encuentran la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Comité para la protección de periodistas (CPJ), Artículo 19 oficina México y Centroamérica, y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).
Los firmantes solicitan que, en el marco del cuarto ciclo de evaluación del Examen Periódico Universal a Nicaragua, que comprende el período 2019-2023, a celebrarse este 13 de noviembre en Ginebra, Suiza, se contemplen medidas que conlleven proteger a los periodistas y los medios en ese país.
Según informó la SIP, los informes compilados por los firmantes de la petición, que incluyen datos proporcionados por organizaciones de sociedad civil en el país centroamericano, evidencian que los atropellos contra la prensa han ido críticamente en aumento desde 2019 a 2024.
Acosados, espiados, torturados
Los defensores de los derechos de expresión y de prensa denuncian en su misiva que “las agresiones más comunes contra periodistas y personas trabajadoras de medios de comunicación fueron las detenciones arbitrarias, el espionaje, el acoso judicial, los secuestros, los ataques con violencia en razón de género, la tortura y la vigilancia a familiares”.
Además, el acoso y la criminalización han llevado a cientos de periodistas a sufrir “el exilio forzado, el destierro y el despojo de la nacionalidad”, unas prácticas comunes “represivas que incrementan su vulnerabilidad”.
Para las organizaciones, estas sucesivas acciones llevan a la violación sistemática de derechos humanos, que se expresan en la pérdida de civiles, sociales, económicos, políticos y culturales, una situación que «da muestra continua” del deterioro social en el país, según valoran.
La documentación plantea que en los últimos cinco años las acciones “represivas” han ido más allá de la prensa; también incluyen a las organizaciones de la sociedad civil, citando como ejemplo el cierre forzado de cerca de 5.664 organizaciones nacionales y extranjeras que operaban en el país, así como entidades religiosas, lo que revela “la prohibición de manifestar o expresar el disenso de cualquier forma”.
Según sus apuntes, en Nicaragua el aparato gubernamental “ha utilizado diferentes mecanismos estatales para la represión, entre ellos, el fortalecimiento de su marco normativo restrictivo y punitivo, acompañado de procesos judiciales aplicados de manera discrecional y sin criterios definidos”.
Reprochan además una caída «progresiva» de los valores democráticos en Nicaragua, donde el ejercicio de la libertad de expresión y prensa “son condiciones indispensables”, recordaron.
En septiembre de este año, el gobierno de Nicaragua presentó un informe a la ONU donde niega que existan violaciones a la libertad de expresión en el periodo bajo evaluación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
No obstante, reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la misma ONU incluyen esas preocupaciones sobre el deterioro de las libertades fundamentales en el país, como la libertad de prensa.
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