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Unas 229 personas detenidas en Nicaragua por razones políticas en los últimos siete años sufrieron distintas formas de tortura y otros «crímenes de lesa humanidad» a manos de las autoridades del país presidido por Daniel Ortega, denunció el martes una ONG de derechos humanos que trabaja desde el exilio.
Un total de 183 hombres y 46 mujeres de entre los cerca de 2.000 arrestados por las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 en la nación centroamericana fueron victimas de esos abusos, según el «Noveno informe contra la tortura» del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Al menos 178 de las personas que ofrecieron su testimonio a la ONG, con sede en Costa Rica, dijeron haber sufrido «golpizas, arrastramiento, golpes con armas, amenazas de violación y de muerte, amenazas o agresiones contra familiares», señaló el informe.
Con base en las denuncias, se identificaron más de 40 «métodos de tortura», entre las que destacan golpizas (159 casos), asfixia o estrangulamiento (22), choques eléctricos (17), privación de atención médica (117), quemaduras con plásticos o hierros (21), desprendimiento de uñas y/o piezas dentales (18) y aislamiento por más de 15 días (85).
Reuters no obtuvo respuesta de inmediato a una solicitud de comentarios a la vicepresidenta y vocera oficial Rosario Murillo, esposa de Ortega.
De acuerdo con el documento, la mayoría de las detenciones fueron «violentas» y «arbitrarias» pues no se presentó una orden judicial de arresto. En un 40% de ellas hubo «participación de agentes paraestatales que han actuado como una tercera fuerza armada» en el país, agrega.
El informe denunció que desde 2018 el Gobierno ha cometido «crímenes de lesa humanidad: asesinato, deportación o traslado forzado de población, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, desaparición forzada y persecución».
El reporte de la ONG coincide con una advertencia formulada el lunes por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que señaló que la situación de las garantías fundamentales en Nicaragua «continúa deteriorándose». «En el país impera un clima represivo y de gran severidad», afirmó la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif.
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