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WASHINGTON.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su monitoreo de la situación de riesgo que atraviesan los activistas en Venezuela, decidió ampliar las medidas de protección a 10 miembros de la ONG Foro Penal, luego de identificar que la circunstancia de peligro “sigue vigente” sobre la organización que asume la defensa de presos políticos en el país.
Tras lamentar la falta de aplicación de medidas cautelares y la opacidad informativa que propicia la desprotección, por parte del Estado, la instancia extendió la protección al abogado Kennedy Tejada, Mayela Fonseca, Lucía Quintero, Pedro Arévalo, Arelys Ayala, Wiecza Santos, Laura Valbuena, Raquel Sánchez Carrero, Franyer Hernández Valladares y Marbella Gutiérrez.
Tejada, abogado y activista de derechos humanos, de 24 años de edad, es uno de los 1,903 presos políticos del régimen de Maduro, registrados por la ONG hasta el 25 de noviembre. Fue detenido en agosto cuando visitaba el Comando Rural de Montalbán, en el estado Carabobo, para averiguar sobre la situación de unos detenidos en las protestas postelectorales, en ese céntrico estado. Y se le han violado su derecho a la defensa, como a otros procesados.
“La CIDH identificó que continúa vigente la situación de riesgo respecto de cuatro personas beneficiarias de medidas cautelares”, entre las cuales se encuentran los directivos del Foro Penal, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, según la Resolución 8/205, 7/2019, y 64/2019, según el comunicado oficial de la instancia.
Protección para ONG Foro Penal
Según la CIDH, “las personas beneficiarias buscarían brindar asistencia jurídica y proveer defensa privada a personas detenidas a quienes se le habría negado la posibilidad de representación y, en varias ocasiones, el Estado habría afirmado que a las personas detenidas en el contexto poselectoral se les brindaría exclusivamente personas defensoras públicas y no privadas”.
“En este marco, las personas beneficiarias han enfrentado intimidación y hostigamiento de agentes estatales, reteniéndoles por largos períodos, amenazándoles con detención o abriéndoles procesos por documentar los hechos”.
Ante esto, la CIDH solicitó al Estado venezolano a que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas integrantes de Foro Penal e implemente las medidas necesarias para garantizar que las personas beneficiarias puedan llevar a cabo sus actividades de defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia”.
Derechos de presos políticos
También pidió, en particular, que informe sobre las circunstancias de detención de Kennedy Tejeda, y que permita “que sus familiares y representantes legales de su confianza tengan comunicación con él”.
Respecto de todas las personas beneficiarias, requirió al Estado información de manera formal sobre la existencia de algún proceso de investigación en su contra, incluyendo por lo menos: los hechos que se investigan, los delitos que se le imputan, la fiscalía a cargo de la investigación y la autoridad judicial competente que conoce de la investigación.
“El Estado deberá permitir que las personas beneficiarias y/o sus representantes puedan acceder a la integralidad del expediente penal en su contra, si este existe, permitiendo que pueda presentar los recursos correspondientes y garantizando su seguridad en la tramitación del mismo”, exigio la CIDH.
FUENTE: Con información d de la CIDH
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