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Un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció este miércoles ante la Corte Penal Internacional (CPI) la “desaparición forzada” de un activista opositor venezolano que habría sido arrestado por agentes de seguridad del Estado el martes por la noche.
Jesús Armas, un exconcejal y miembro del comando de campaña de la líder opositora, María Corina Machado, y el excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia, fue sometido por hombres encapuchados en las inmediaciones de un café en Caracas, el 10 de diciembre, de acuerdo a versiones de testigos.
“Le estamos solicitando a la Fiscalía de la CPI que se pronuncie sobre el nuevo patrón de desaparición forzada y que nos ayude a saber dónde tiene el régimen venezolano secuestrado a Jesús Armas”, dijo Rodrigo Diamanti, secretario del Panel de Expertos Independientes sobre Crímenes de Lesa Humanidad de la OEA.
Armas, de 37 años, se mantuvo resguardado luego de que comenzaron a registrarse masivas detenciones arbitrarias de opositores, tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos.
En una entrevista concedida a la Voz de América, en septiembre, narró las implicaciones de vivir en la clandestinidad, una situación en la que se encuentran muchos opositores, incluyendo a Machado.
Decenas de activistas y dirigentes políticos, entre ellos el exgobernador del estado Mérida, Williams Dávila; Alfredo Díaz, exgobernador del estado Nueva Esparta y el excandidato a la gobernación del estado Barinas, Freddy Superlano, entre otros, han sido arrestados arbitrariamente según sus familiares y abogados.
Aunque no ha divulgado resultados disgregados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro ganador los comicios para un tercer mandato, pero la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, denuncia fraude y le atribuye el triunfo a González Urrutia, exiliado en España desde septiembre.
González Urrutia, que según las copias de los actos ganó con más del 70% de los votos, ha reiterado que su objetivo es volver a Venezuela para juramentarse como presidente de la República, y anunció que Machado, formará parte de su gobierno como vicepresidenta ejecutiva si asume el poder.
Parte de la comunidad internacional, incluso mandatarios considerados aliados históricos del chavismo como Luiz Inacio Lula da Silva, de Brasil y Gustavo Petro, de Colombia, no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2400 detenidas.
A inicios de este mes, el fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió la liberación de menores de edad arrestadas por motivos políticos o de “cualquier otra persona que estuviera manifestando pacíficamente”.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La investigación abarca, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones antigubernamentales desde abril de 2017.
El gobierno de Maduro ha asegurado que se busca “instrumentalizar” los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos y sostiene que los presuntos crímenes de lesa humanidad “nunca han ocurrido”.
El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) advirtió que las violaciones a los derechos humanos en el país se han agravado tras los comicios.
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