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Familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción en El Salvador marcharon el martes en la capital de ese país y lograron, por primera vez, entregar en la Casa Presidencial una lista de peticiones al presidente Nayib Bukele.
Junto a ellos también marcharon otros salvadoreños para exigir que se mantenga la prohibición a la explotación minera.
Los miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), acompañados de otras organizaciones sociales que defienden los derechos humanos, marcharon para exigir la libertad de personas que consideran inocentes y que fueron capturadas durante la vigencia del régimen excepción, aprobado por el Congreso en marzo de 2022, como parte de la política del gobierno de Bukele para combatir a las pandillas.
El grupo tenía planificado plantarse frente a la Casa Presidencial, pero elementos de la unidad antimotines de la policía les impidió el paso. Sin embargo se permitió que seis delegados de los manifestantes ingresaran a la Casa Presidencial para entregar una carta con sus peticiones.
Es la primera vez que organizaciones de la sociedad civil logran llegar hasta la sede presidencial para entregar sus peticiones.
Entre sus exigencias está que se les permita visitar a sus familiares en las cárceles y se libere a los inocentes.
Desde que entró en vigor el régimen de excepción — cuya trigésima tercera prórroga se hizo a inicios de este mes — las autoridades dicen haber capturado 83.600 acusados de pertenecer a las pandillas o tener vínculos con estos grupos criminales. Bukele dice que 8.000 inocentes han sido liberados.
Organizaciones que velan por el respeto a los derechos humanos han registrado más de 6.000 denuncias hechas por las víctimas bajo el régimen de excepción y dicen haber documentado que han muerto 347 personas adultas y cuatro bebés, hijos de personas privadas de libertad.
En otra marcha también desarrollada el martes, los manifestantes exigieron al Congreso que no derogue la ley aprobada en el 2017 que prohíbe la explotación minera en El Salvador, tal como Bukele dijo recientemente que pediría, por considerar que la legislación es “absurda”.
En noviembre, Bukele declaró por primera vez su postura favorable a la minería. En sus redes sociales aseguró que toda la riqueza potencial en oro que existe en El Salvador podría representar 3 billones de dólares, lo que equivale, según sus cálculos, a 8.800 % del Producto Interno Bruto nacional, que cerró en 2023 en 34.015 millones de dólares.
“Somos el único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. ¡Absurdo!”, escribió el mandatario en la red social X, antes Twitter.
El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo en prohibir la minería de metales en marzo de 2017, luego de una petición respaldada por sacerdotes católicos.
El Congreso consideró esa actividad como una amenaza ambiental debido a la excesiva demanda de agua que exige y al drenaje de metales pesados y de desechos tóxicos como mercurio y cianuro.
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