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El primer ministro del Perú, Gustavo Adrianzén, negó el miércoles que el Gobierno haya discutido la posibilidad de dejar la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, tras el planteamiento de la presidenta Dina Boluarte de ampliar la pena de muerte a violadores de niños. En caso que la propuesta fuera aprobada, Perú violaría la Convención y tendría que abandonarla.
“No se ha discutido ni se ha debatido el apartamento del Pacto de San José, pero lo que ha dicho nuestro Canciller es que este debate se tiene que llevar a cabo en el marco de nuestras obligaciones, compromisos internacionales y también por supuesto en el marco de la legislación nacional”, declaró Adrianzén a la emisora local RPP desde Paris, Francia.
La víspera, Boluarte planteó que se debata la posibilidad de implementar pena de muerte a violadores de menores, tras el hallazgo del cuerpo de una niña abusada y asesinada. Lo dijo en un acto público en una sede militar, en donde se solidarizó con la familia de la niña y propuso considerar la sanción letal.
Sin embargo, ni siquiera la Constitución peruana vigente permitiría esa pena; en el único caso que la contempla es para el delito de traición a la patria en casos de guerra y terrorismo, aunque nunca se ha aplicado. Para poder implementar la pena, habría también que reformar la constitución peruana, de acuerdo al abogado constitucionalista Heber Campos.
“Se tendría que presentar un proyecto de ley de reforma constitucional. Aprobar dicha reforma tomaría al menos dos legislaturas, es decir entre y 9 meses», dijo Campos.
Esa reforma tendría que ser después de la salida de Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, un tratado internacional adoptado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el país suscribió a fines de los años setenta. Este tratado internacional prohíbe extender la sanción letal e incorpora al estado a un sistema de justicia regional con dos órganos: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“La presidenta no ha hecho nada más que invitar al debate (…). No significa que mañana vayamos a salir nosotros con un proyecto de ley o que se manden cartas para desvincularnos del pacto de San José de Costa Rica ni mucho menos”, adujo Adrianzén.
Diversos especialistas han cuestionado la iniciativa y la consideran un intento para desviar la atención de investigaciones que apuntan a Boluarte y a su entorno de confianza. También advierten el riesgo de que, si Perú abandona el Pacto, delitos de derechos humanos podrían quedar impunes ante la imposibilidad de acudir a la Corte Interamericana.
«Son discursos desesperados porque no parte de ningún diagnóstico serio”, dijo el abogado constitucionalista Pedro Grández. Añadió también que muestran “el deterioro y regresión en estándares sobre derechos humanos”.
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