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Los grupos armados ilegales de Colombia se han aprovechado de la voluntad de paz del actual gobierno para fortalecerse militar y económicamente, dijo el lunes el comandante de las Fuerzas Militares, quien advirtió que la ofensiva contra esas organizaciones criminales se mantendrá para evitar su expansión.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, lanzó desde su llegada al poder en 2022 una política de paz que incluye diálogos con las guerrillas izquierdistas y bandas criminales integradas por antiguos paramilitares para poner fin a un conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
«No muestran una voluntad de paz genuina, siempre están tratando de afectar la población en la medida que buscan más control de las actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, entonces nos corresponde atacarlos», aseguró el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, en una entrevista con Reuters.
«El gobierno siempre ha estado abierto a un diálogo, sin embargo, esos grupos han aprovechado esa mano generosa», agregó.
El gobierno de Petro, cuya oferta de paz incluyó ceses al fuego bilaterales con el izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos facciones fundadas por antiguos integrantes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el Clan del Golfo, insiste en continuar acercamientos pese a la suspensión de la mayoría de los ceses y la división de algunos grupos.
Cubides sostuvo que actualmente el cese al fuego solo se aplica a una parte del Estado Mayor Central que continúa en diálogos de paz con el gobierno.
El oficial afirmó que todos los grupos armados ilegales buscan la expansión territorial y un mayor control de la población financiados del narcotráfico, la extracción ilícita de oro, la extorsión y el secuestro.
Algunos de los grupos, especialmente las disidencias de las antiguas FARC, aseguran que luchan por justicia social y por reivindicar a poblaciones ignoradas en zonas remotas del país.
Las Fuerzas Militares han confiscado 560 toneladas de cocaína en lo que va del año, reveló Cubides.
El oficial señaló que las organizaciones armadas ilegales suman actualmente alrededor de 20.100 integrantes entre combatientes y sus redes de apoyo.
En algunas regiones del país los grupos criminales son enemigos, aunque en otras mantienen alianzas para producir cocaína y extraer oro ilícitamente.
«Es un complejo entramado de delincuencia que las fuerzas militares y la policía están atacando con miras a tener un mayor control», dijo el oficial.
El comandante militar aseguró que la facción de las FARC denominada hasta hace poco Segunda Marquetalia es la que más se lucra del narcotráfico con su presencia en la costa pacífica suroeste del país, mientras que el Clan del Golfo controla mayoritariamente la minería ilegal.
«No hay un interés político de la toma del poder. Hoy esos grupos han perdido ideología y están dedicados totalmente a su subsistencia y a apoyar unas economías ilegales», concluyó.
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