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La coalición gobernante en Venezuela liderada por Nicolás Maduro se prepara para mantenerse en el poder después del 10 de enero de 2025, momento previsto para el inicio del periodo constitucional presidencial que debe corresponder al vencedor de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio.
La decisión de mantenerse en el poder, a pesar de no haber podido demostrar que resultó vencedor de la elección presidencial es consecuente con la estrategia de revivir el proyecto de Poder Comunal para modificar toda la estructura político-administrativa del país, además de la promulgación de dos leyes orgánicas que taxativamente penalizan cualquier tipo de crítica a los poderes constituidos, a la vez que hacen casi imposible el normal desempeño de las organizaciones y defensores de Derechos Humanos, además de condicionar las informaciones que pueden publicarse en medios de comunicación y redes sociales.
El paso previo para la criminalización de la disidencia y a la vez aumentar el control social sobre los detractores de la coalición gobernante es la elección de 30 mil jueces de paz comunales; proceso previsto para realizarse este 15 de diciembre.
Según el sociólogo Rafael Uzcátegui, director de la organización Laboratorio para La Paz, en el momento en que “se debilitó el tejido comunitario de base, luego del estímulo a la delación vecinal, y a las puertas de la instalación de un gobierno de facto en nuestro país, las autoridades aprueban atropelladamente una ley bajo la cual se pretenden elegir 30 mil jueces de paz con el adjetivo ‘comunal’ en Venezuela. Al vaciar de contenido y significado una idea loable, los jueces de paz comunal serán parte del entramado ‘legal’ que sustente un gobierno sin legitimidad de origen a partir del 10 de enero de 2025 (…) El llamado sistema de paz comunal será parte del andamiaje jurídico que sustentará un gobierno de facto”.
Para Uzcátegui la premura en la aprobación e implementación de la figura de jueces de paz comunal tienen como propósito “el relanzamiento del Estado comunal para intentar mantener el silencio de los chavismos subalternos, en la actualidad en disonancia cognoscitiva entre lo que vieron y escucharon en sus centros de votación, el pasado 28 de julio, y las directrices emanadas desde el PSUV”.
Según el análisis de coyuntura de la firma CarpeDiem, la coalición gobernante en Venezuela ha consolidado en las últimas semanas “las bases legales para criminalización de la disidencia”.
En el análisis se destaca que “la recientemente aprobada la Ley Simón Bolívar persigue otorgar medios jurídicos ágiles para sancionar las opiniones en contra del gobierno, incluyendo a quienes no reconozcan, por ejemplo, los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).El siguiente paso en este proceso para silenciar las opiniones disidentes mientras se consolida el Poder Comunal será la elección de los jueces de paz comunales”.
En el análisis se destaca que el avance en el proceso de sustituir al actual sistema político-territorial se ejecuta a pesar de que en ninguno de los 350 artículos de la Constitución Bolivariana aprobada en 1999 se prevé el llamado Poder Popular, ni el Estado Comunal, ni se contempla que las comunas se utilicen como parte de la división territorial del país.
En relación con la Ley Simón Bolívar los analistas de la firma explican que el artículo 23 de la recién promulgada ley ordena la creación de un “registro con carácter nacional, en el cual se incorporará la identificación de las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, respecto de las cuales exista un motivo fundado para considerar que está incursa en alguna de las acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado”.
Según la ley, serán sujetos de las sanciones previstas las personas u organizaciones sobre la exista un motivo fundado de que desconocen a los Poderes Públicos, sus actos o a sus autoridades”.
Entre algunas de las sanciones previstas está la inhabilitación política por 60 años, o la cancelación de la personalidad jurídica del acusado de no reconocer las decisiones de los poderes públicos.
En paralelo a la Ley Simón Bolívar, se promulgó y publicó en la Gaceta Oficial la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, legislación definida por defensores de derechos humanos como la Ley Anti-sociedad.
En el análisis preliminar de esta nueva ley se concluye que el régimen de Maduro pretende estatizar a las ONG al imponer “actividades, incluir nuevos objetivos y entrometer al Estado al punto de que obligaría a que las organizaciones acepten como miembros a funcionarios del Estado”.
De hecho, en el momento que el régimen de Maduro anunció la discusión de esta ley, Marta Valiñas, quien presidía la Misión internacional independiente de Naciones Unidas para la determinación de los hechos sobre Venezuela argumentó que “la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela»
Según el Monitor Internacional Civicus Venezuela -antes de la aprobación de la Ley Simón Bolívar y la Ley Anti-Sociedad se encontraba “entre los 28 países que tienen un espacio cívico cerrado por el impacto acumulativo de medidas represivas y ofensivas sistémicas contra los defensores de derechos humanos y las voces disidentes.
Eugenio G. Martínez
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