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La defensora de DDHH y experta en asuntos militares en prisión Rocío San Miguel debe ser sometida a una intervención quirúrgica tras haber sufrido una lesión en el brazo derecho, confirmó su abogado que pide una medida humanitaria a su favor.
De acuerdo con Juan González Taguaruco, que no ha podido verla, ni ser nombrado su representante o tener acceso a sus informes médicos, hace unos cuatro meses, producto de una laberintitis crónica que padece, San Miguel sufrió una caída que le produjo una fractura en el hombro derecho.
“Manifestó que a raíz de esa caída tenía un problema en el brazo derecho, que le dolía mucho, no fue atendida por un profesional de la medicina, sino que se le daban analgésicos. Hasta el día 5 de diciembre, cuando estaba en una revisión de rutina con un ginecólogo, la medico observó que tenía una deformidad en el brazo derecho, se le hizo un estudio radiológico y arrojó que tiene una fractura en el hombro”, narró González.
El abogado dijo que no hay certezas de que se haya ordenado hacer las evaluaciones médicas que demanda la patología.
«Entendemos que el pronóstico es quirúrgico. Esa autorización de la que se habla en el medio a nosotros no nos consta. Si a una persona la tuvieron bajo custodia durante 4 meses para diagnosticar la fractura, qué confianza podemos tener nosotros que esta misma estructura va a ser diligente”, aseguró.
Este martes, citando fuentes extraoficiales, el portal web Alberto News aseguró que el gobierno autorizó la intervención quirúrgica de San Miguel, y divulgó fotografías en las que se le ve siendo sometida a exámenes médicos.
Para González, ante la actuación “displicente” del sistema penitenciario en el tratamiento de su enfermedad, “lo más sensato” es que San Miguel reciba una medida cautelar sustitutiva por razones humanitarias para que sea ella quien elija al médico con el que desea ser operada.
“No tenemos garantías de que se vayan a ser decisiones acertadas las que se tomen en el futuro, no solamente respecto a la intervención quirúrgica, sino además en cuanto a la rehabilitación posterior”, insistió.
San Miguel fue arrestada en febrero cuando se disponía a tomar un vuelo junto a su hija en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.
Fue acusada de presuntamente cometer los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, por el supuesto vínculo con la operación Brazalete Blanco, que consistía en la organización de un supuesto ataque a una instalación militar para robar armas, atentar contra un gobernador y escalar a un magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Distintas organizaciones e instancias internacionales han exigido la liberación de San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, una ONG que promueve la contraloría sobre los asuntos de seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional, y que era constantemente consultada por medios locales e internacionales.
En 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de San Miguel y su hija por ser objeto de hostigamiento y amenazas en razón de las actividades que desarrolla al frente de Control Ciudadano.
Tras la detención de San Miguel, el Alto Comisionado para los DDHH de la ONU (ACNUDH), Volker Türk, dijo que debido a que en ese entonces su paradero era desconocido, podría calificar como desaparición forzada, lo que llevó al gobierno venezolano a suspender las actividades de su oficina en Caracas, por considerar que se mostró como un ente parcial.
Esta semana Türk anunció que su oficina reanudó “parcialmente” sus actividades en Venezuela, y afirmó que se encuentran trabajando para volver “en su totalidad”.
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