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El presidente de Ecuador Daniel Noboa desafió el lunes a la Asamblea —de mayoría opositora— y decidió publicar una ley que busca combatir el lavado de activos, la cual ya había sido rechazada y archivada por los legisladores hace unos días.
La decisión provocó la respuesta del asambleísta Jorge Peñafiel, quien publicó en la red social X que Noboa “puede firmar los decretos que quiera”, pero si no tienen la certificación de la Asamblea “es un papel sin valor legal”.
Noboa, por su parte, precisó en sus redes sociales que “una ley económica urgente jamás se archiva en primer debate”, en referencia a la propuesta rechazada a finales de noviembre.
La ley ecuatoriana establece que, si el ejecutivo presenta una iniciativa urgente, la medida podría entrar en vigor en un plazo de 30 días siempre que la Asamblea no se pronuncie al respecto. En este caso, sin embargo, el legislativo se expresó en contra del proyecto de ley.
El ministerio de Gobierno indicó en un comunicado que, ante la falta de atención legislativa y al cumplirse con el plazo de 30 días establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, «el ejecutivo ha actuado con determinación y dentro del marco constitucional, asegurando que esta ley entre en vigencia para proteger a la ciudadanía”.
El abogado y exlegislador, Ramiro Aguilar, declaró a The Associated Press que “no está en la ley orgánica de la Asamblea que el pleno pueda archivar una ley, cualquier ley, en primer debate”, pero tampoco hay una ley que diga “que no puede hacerlo”.
«Quien puede solucionar este tema, es la Corte Constitucional», añadió aduciendo que “este tema contradictorio está en el limbo de las leyes”.
La iniciativa en cuestión establece un incremento del 1% al 5% al impuesto sobre la venta de vehículos usados y amplía las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador —a la que faculta para determinar los montos de multas por incumplimiento de obligaciones tributarias, ejercer acciones coactivas y solicitar a la autoridad judicial medidas cautelares y congelamientos de fondos en operaciones sospechosas, entre otras.
Esta ley también plantea que los clubes deportivos o equipos profesionales podrán adoptar la forma jurídica de Sociedades Anónimas, lo que deviene en mayores controles estatales.
La Asamblea está dominada por los partidos de oposición Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, y el partido de derecha Social Cristiano.
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