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La coalición gobernante en Venezuela trabaja constantemente en superar el debate sobre los resultados de la elección presidencial del 28 de julio. El régimen no solo aspira a que la oposición entre en el debate sobre participar en las elecciones previstas para 2025, sino que adelanta una compleja reforma electoral que persigue inhabilitar e incluso retirar la nacionalidad a quienes no reconozcan los cómputos anunciados por el Consejo Nacional Electoral dando por ganador del proceso a Nicolás Maduro.
Adicionalmente, la coalición gobernante aspira a que la reforma electoral aumente la cantidad de diputados que integran a la Asamblea Nacional, a la vez de regularizar el financiamiento del esquema de gobierno totalitario a los partidos y candidatos que decidan participar.
Con la aprobación de la nueva Constitución de Venezuela en 1999 fue prohibido el financiamiento del Estado a los partidos, aunque el oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) suele disponer de todos los recursos gubernamentales para sus actividades de campaña.
En concreto, de las 118 propuestas de reformas electoral que ha discutido la Asamblea Nacional —la mayoría presentada por organizaciones cuyas directivas fueron intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia— destacan enmendar la Constitución para permitir el financiamiento del Estado a los partidos, incrementar las penas por delitos electorales, permitir que se retire la nacionalidad a quienes cometan ilícitos electorales y aumentar las competencias de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
A pesar del debate nacional e internacional sobre los resultados de la elección presidencial del 28 de julio y la negativa de la autoridad electoral a formalizar la entrega de los resultados que otorgan el triunfo a Edmundo González Urrutia,
la mayoría de los partidos políticos que han participado en las reuniones de reforma electoral han centrado sus propuestas en lograr que el Estado financie a la actividad política, bien sea reformando el artículo 67 de la Constitución o instrumentando la recepción de recursos para las campañas a través de la autoridad electoral.
Tres mil cargos en 2025
A pesar de la manipulación de los cómputos oficiales del 28 de julio, la élite gobernante en Venezuela se prepara para convocar hasta tres elecciones en 2025: municipales para escoger 335 alcaldes y poco más de 3 mil concejales; regionales para escoger a 23 gobernadores, 244 legisladores regionales y al alcalde del Distrito Capital y las elecciones parlamentarias para designar a un número indeterminado de diputados que le permitan vender la ilusión de pluralismo político en el país.
En relación con la elección parlamentaria debe recordarse que en 2020 el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral modificaron inconstitucionalmente la composición del Parlamento venezolano duplicando la cantidad de integrantes y cambiando el sistema de adjudicación de cargos, al desaplicar hasta 12 artículos de la Ley orgánica de Procesos Electorales, además de desconocer los artículos constitucionales que establecen taxativamente la cantidad de curules que conforman al Parlamento.
En concreto, esta decisión aumentó de 165 a 277 los diputados que integran el Parlamento, además de crear nuevos mecanismos de adjudicación de cargos. En ese momento, el madurismo perseguía dotar de legitimidad electoral a los partidos opositores creados a instancias de intervenciones judiciales.
No obstante, la escasa participación electoral en el proceso provocó que la amplia mayoría de los cargos quedaran en manos de los candidatos postulados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Según los datos oficiales, en ese proceso solo participaron 32% del total de electores habilitados para la elección, lo que se tradujo en que los postulados por el PSUV fueran proclamados vencedores en 82% de las curules (uninominales, listas regionales y de lista nacional).
Ni candidatos ni nacionalidad
Incluso, de las propuestas presentadas destaca la petición de desarrollar el artículo 130 de la Constitución para impedir que las fuerzas políticas que dejaron de participar en la discusión convocada por la Asamblea Nacional puedan inscribirse o postular candidatos en los próximos procesos electorales. Además, se han discutido propuestas para revocar la nacionalidad a los ciudadanos que desconozcan las actuaciones de los poderes públicos.
Aunque esta última propuesta no es nueva, el madurismo la reedita en un contexto de altos niveles de persecución política.
Esta propuesta va en contra del artículo 135 de la Constitución de Venezuela, en donde se establece que los venezolanos por nacimiento “no podrán ser privados de su nacionalidad. La nacionalidad venezolana por naturalización sólo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley”.
Expertos en derechos humanos sostienen que sugerir que debe retirarse la nacionalidad pudiese implicar que la persona queda en situación de apátrida, al modificar radicalmente las garantías constitucionales.
Sobre este particular, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), sostiene que quienes quedan en esta situación pierden de inmediato todos los derechos fundamentales: “como ir a la escuela, obtener un empleo formal, recibir atención médica o contraer matrimonio. Además, corren aún más riesgo de ser víctimas de abuso o de explotación”.
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