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TikTok solicitó este lunes a una corte federal de apelaciones que impida al gobierno del presidente Joe Biden hacer cumplir una ley que podría llevar a la prohibición de la popular plataforma en Estados Unidos hasta que la Corte Suprema revise su desafío a la normativa.
La presentación legal tuvo lugar después de que un panel de tres jueces de la misma corte se alineó con el gobierno la semana pasada y dictaminó que la ley, que exige que TikTok se desvincule de su empresa matriz con sede en China o enfrente una prohibición tan pronto como el próximo mes, es constitucional.
Si la ley no se anula, tanto TikTok como su empresa matriz ByteDance, que también es demandante en el caso, han afirmado que la popular aplicación cerrará el 19 de enero de 2025. TikTok tiene más de 170 millones de usuarios estadounidenses que se verán afectados, han afirmado las compañías.
En su presentación legal del lunes, los abogados de las dos compañías escribieron que incluso si un cierre durara un mes, causará que TikTok pierda alrededor de un tercio de sus usuarios diarios en Estados Unidos.
La compañía también perderá el 29 % de sus ingresos totales por publicidad “global dirigida” para el próximo año, así como talento, ya que los empleados actuales y potenciales buscarán empleo en otros lugares, escribieron.
“Antes que eso ocurra, la Corte Suprema debería tener la oportunidad, como el único tribunal con jurisdicción de apelación sobre esta acción, de decidir si revisa este caso excepcionalmente importante”, se lee en la presentación.
No está claro si la Corte Suprema tomará el caso. Pero algunos expertos legales han dicho que los jueces probablemente intervendrán en el tema ya que plantea cuestiones novedosas sobre las plataformas de redes sociales y hasta dónde podría llegar el gobierno en sus objetivos declarados de proteger la seguridad nacional.
El presidente electo Donald Trump, quien intentó prohibir TikTok la última vez que estuvo en la Casa Blanca, ha dicho que ahora está en contra de tal medida.
En su presentación legal, las dos compañías señalaron las realidades políticas, diciendo que una orden judicial proporcionará un “retraso modesto” que dará “tiempo al gobierno entrante para determinar su posición, lo que podría anular tanto los daños inminentes como la necesidad de una revisión de la Corte Suprema”.
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