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La fiscalía chilena inició el martes el proceso de acusación formal de 19 presuntos miembros de una facción de la banda del crimen organizado venezolana Tren de Aragua, que estaría detrás del asesinato de un exmilitar venezolano asilado en Chile, así como otros graves delitos.
Hasta el próximo martes los acusados serán imputados —por diversos cargos que van desde asociación criminal hasta el secuestro y homicidio— en el marco de sus nexos con el Tren de Aragua, un grupo delictivo nacido en las cárceles de Venezuela que se ha expandido por varios países y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca designar como organización terrorista.
Según informó la fiscalía, la audiencia del martes, celebrada a puerta cerrada, está centrada en dos individuos que fueron detenidos la semana pasada en un gran operativo para desmantelar una célula de los Piratas de Aragua, la versión local de la banda venezolana, así como en tres personas que serán imputadas en ausencia tras su detención fuera de Chile gracias a la cooperación internacional.
“Estos tres imputados detenidos en el extranjero serán formalizados (acusados formalmente) en ausencia, para iniciar la extradición”, explicó el Ministerio Público.
Las autoridades chilenas anunciaron la semana pasada lograron desmantelar una célula de los Piratas de Aragua durante una acción que fue coordinada y realizada de forma simultánea en varios países de la región.
La banda, según las investigaciones, estaría detrás del crimen del exteniente Ronald Ojeda, un disidente del gobierno de Nicolás Maduro que fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 y encontrado muerto 10 días después.
El caso generó roces diplomáticos entre Chile y Venezuela, ya que la fiscalía chilena sostuvo desde el principio que el crimen tenía motivaciones políticas y habría sido orquestado desde el país caribeño, salpicando a altos mandos del gobierno de Maduro.
Tras la operación de la semana pasada el gobierno chileno confirmó que el nombre del ministro de Interior venezolano Diosdado Cabello apareció en las investigaciones como el posible mandante del crimen, lo que escaló aún más la quebradiza relación entre los dos países.
De cara a las audiencias que se desarrollarán en los próximos días, el subsecretario de Interior, Luis Cordero, reiteró el martes que Chile podría acudir a la Corte Penal Internacional (CPI) por el caso y no descartó que Cabello sea “objeto de persecución penal” en el país sudamericano.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que Cabello pueda ser juzgado en Chile, Cordero indicó en una entrevista al medio local Cooperativa que “cualquier persona que esté involucrada en un delito cometido en el país puede ser objeto de persecución penal, incluyendo su extradición”.
“Un crimen por encargo para disidentes políticos es un delito serio cualquiera sea el lugar donde ocurra», matizó.
Poco después, el fiscal nacional, Ángel Valencia, respaldó en declaraciones a los periodistas la posición del gobierno y afirmó que “cualquier persona que haya intervenido en este delito o que haya cometido un delito bajo las leyes chilenas va a ser perseguida por la fiscalía chilena”.
Añadió que “es irrelevante o indiferente si (es) una autoridad de un gobierno extranjero, si se encuentra viviendo en un país extranjero”, expresó Valencia.
Sin embargo, el fiscal recordó que la investigación que apunta a la participación de Cabello es una causa abierta que, pese a «algunos indicios» que presuntamente lo vinculan al crimen, sigue en curso.
En el marco de la imputación y juicio contra los Piratas de Aragua, Valencia indicó que el Ministerio Público “está trabajando también en colaboración con las autoridades policiales de los Estados Unidos” para pedir prontamente la extradición del individuo conocido como “El Turco” —apuntado como el líder de la facción—.
“Esta persona se encuentra detenida en los Estados Unidos y pronto vamos a a a darle curso a la petición de extradición conforme la ley. Estamos trabajando en eso”, precisó.
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