[ad_1]
En una conferencia de prensa realizada hoy, el Gobierno de Costa Rica anunció una iniciativa de ley que busca aumentar las penas de prisión por aborto. La propuesta, que será presentada al Congreso, contempla castigar con hasta seis años de cárcel a las mujeres que aborten y con hasta doce años a quienes lo practiquen sin el consentimiento de la mujer.
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, defendió la iniciativa argumentando que «defender la vida de los costarricenses que todavía no han nacido es una obligación del Estado». Fernández añadió que «el aborto no es una cosa más que un asesinato y por eso las penas tienen que endurecerse».
El proyecto de ley aumenta las penas actuales, que contemplan entre uno y tres años de prisión para la mujer que cause o consienta su aborto. La nueva propuesta eleva la pena a entre cuatro y seis años. Asimismo, la pena para quienes causen un aborto sin consentimiento de la mujer pasaría de entre tres y diez años de prisión a entre seis y doce años.
Esta iniciativa ha generado controversia en el país, con grupos defensores de los derechos de las mujeres criticando la propuesta y argumentando que criminaliza a las mujeres y pone en riesgo su salud. Por otro lado, sectores conservadores y religiosos han expresado su apoyo a la medida, argumentando que protege el derecho a la vida desde la concepción.
El presidente Rodrigo Chaves, quien ha sido un firme defensor de la vida desde la concepción, calificó el tema como «difícil desde lo filosófico y lo moral». Chaves comparó el cuerpo de una mujer que aborta con un avión del que lanzan al vacío a una persona, lo que generó críticas por parte de grupos feministas.
El proyecto de ley se suma a otras iniciativas del Gobierno en materia de aborto, como la revisión de la norma técnica de aborto terapéutico que se llevó a cabo el año pasado. Se espera que la propuesta genere un intenso debate en el Congreso y en la sociedad costarricense.
[ad_2]
La fuente
