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MIAMI.- Una orden ejecutiva para terminar con el parole humanitario detendrá efectivamente las nuevas admisiones bajo estas políticas, sin embargo, la legalidad e implementación de dicha orden podrían enfrentar desafíos legales al nuevo gobierno de Estados Unidos, dijo la abogada especialista en temas migratorios María Herrera Mellado.
Definitivamente, esta medida no tiene marcha atrás porque es un mandato del nuevo presidente, quien desde su campaña lo prometió, sin embargo «hay mucha incertidumbre y las organizaciones en defensa de los inmigrantes va a apelar esta normativa y todas las directrices posteriores», agregó Mellado.
En cuanto a los ajustes regulatorios, el fin del programa “podría requerir la modificación o eliminación de reglas asociadas, lo que implicaría un proceso formal bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés).
Hay desafíos legales con grupos defensores que podrían demandar, “argumentando que poner fin a estos programas sin ofrecer alternativas viola compromisos internacionales de protección a poblaciones vulnerables”, dijo la socia de Kivakilawfirm.
Tras la firma de la orden ejecutiva podrían ocurrir varios escenarios, un resumen legal que hace la experta en temas migratorios:
- Redacción de una orden administrativa o reglamentación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) podría emitir órdenes administrativas que aclaren cómo los oficiales de inmigración deben manejar los casos que antes calificaban para el parole. Este proceso podría incluir la especificación de si los solicitantes pueden transitar hacia otras vías migratorias, como el asilo o el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
- Sin vías alternativas: Si no se toman medidas administrativas, las personas que solicitaron el parole podrían enfrentar mayores riesgos de deportación o quedar en un limbo migratorio. Sin opciones legales viables, muchos podrían recurrir a rutas de migración irregular, exacerbando los desafíos en la frontera.
- Impacto en quienes ya tienen parole. Poner fin a los programas plantea preguntas sobre el estatus de quienes ya están en Estados Unidos bajo parole.
El parole es temporal y generalmente expira después de un período determinado. Sin opciones de renovación, las personas podrían enfrentar la deportación una vez caduque.
Algunos beneficiarios de parole podrían ser elegibles para ajustar su estatus, mediante solicitudes de asilo, patrocinio familiar o visas basadas en empleo. Sin embargo, el fin de estos programas podría dificultar tales transiciones.
Terminar con ese programa probablemente tendría consecuencias:
- Preocupaciones humanitarias: las poblaciones vulnerables que huyen de regímenes autoritarios o crisis humanitarias enfrentarían mayores riesgos en sus países de origen o en naciones de tránsito.
- Tensiones bilaterales: países como Cuba, Venezuela y Nicaragua podrían interpretar la medida como una señal de que EEUU se está desentendiendo de los problemas migratorios regionales.
- Presión en la frontera: terminar los programas de parole sin alternativas viables podría empujar a más migrantes a intentar cruces no autorizados, aumentando la presión sobre los recursos fronterizos.
¿Qué debería suceder?
Es necesario un marco político alternativo para gestionar las consecuencias de manera efectiva. Las opciones incluyen:
- Creación de centros de procesamiento de asilo regionales: ampliar el acceso a vías legales de migración en las regiones de origen de los migrantes.
- Fortalecimiento de los sistemas de asilo: asegurar mecanismos sólidos para manejar un aumento en las solicitudes.
- Expansión del TPS: ofrecer TPS a las personas que ya están en EEUU y que, de otro modo, perderían su estatus de parole.
La orden para poner fin al programa del parole para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos desata una serie de consecuencias legales, humanitarias y políticas. Todo esto lleva a suponer que los equipos legales del gobierno tienen preparados los documentos para defender la decisión oficial.
Ya sea mediante órdenes administrativas u otros ajustes regulatorios, el gobierno de EEUU tendrá que abordar el vacío que dejarían estos programas, concluyó la experta.
DHS
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que dijo recientemente que fue renovado el procesamiento de las Autorizaciones Anticipadas de Viaje (ATA), un paso esencial para los solicitantes del programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) que buscan viajar a Estados Unidos para solicitar el parole humanitario, ahora colgó en su sitio web lo siguiente: «Esta sección contiene información que ya no está vigente», aunque deja el anuncio como una «referencia».
Algunos usuarios le han preguntado al organismo, sin obtener respuestas, que pasa con aquellos casos que ya tenían una autorización de viaje o una revisión final de su caso. El parole incorporó la figura del patrocinante para que no representara una carga para el Estado. Hay mucha incertidumbre sobre estos aspectos.
FUENTE: CONSULTA ABOGADA MARÍA HERRERA MELLADO / DHS / DIARIO LAS AMÉRICAS
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