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Organizaciones que monitorean la situación de personas encarceladas en Cuba, a las que consideran presos políticos, expresaron el miércoles su preocupación por una pausa o paralización en las liberaciones prometidas por el gobierno cubano la semana pasada.
Las autoridades de la isla anunciaron el martes de la semana pasada que 553 personas recibirían beneficios judiciales para salir de prisión como un gesto de buena voluntad al año jubilar –un momento de reconciliación para los católicos– decretado por el papa Francisco.
En paralelo, en ese momento, el gobierno del expresidente Joe Biden informó al Congreso su disposición de última hora de sacar a Cuba de la lista de países terroristas y entre sus argumentos estuvo la medida de liberación señalada por la isla.
Los primeros presos salieron al día siguiente, el miércoles 15 de enero y, desde entonces, hubo excarcelaciones todas las jornadas incluido el lunes de esta semana, cuando Trump asumió como presidente.
Entre sus primeras decisiones, anunciadas apenas unas horas después de su investidura en el Capitolio, el mandatario estadounidense revirtió la medida y volvió a incluir a la isla en el listado de patrocinadores del terrorismo, una sanción que ocasiona fuertes perjuicios económicos a la nación caribeña. Desde entonces no se produjeron nuevas excarcelaciones presos en Cuba, sin que hubiera una explicación oficial.
La organización cubana Justicia 11J dijo el miércoles a The Associated Press que no tenía reportes de nuevas liberaciones a primera hora de la tarde y que los últimos excarcelados eran del lunes.
Poco antes, en un comunicado, Justicia 11J indicó que se hacían eco “de las preocupaciones de la sociedad civil y las familias de las personas presas políticas en Cuba, que viven hoy aún más incertidumbre sobre si serán excarcelados sus allegados recluidos”.
La agrupación, creada en 2021 para dar seguimiento a los encarcelamientos y los juicios tras las manifestaciones en reclamo por apagones y desabastecimiento —algunas de las cuales se volvieron violentas— y que luego extendió su alcance, pidió que se cumplan los compromisos “adquiridos con la Iglesia católica” y que las autoridades publiquen las listas de los beneficiados.
En la tarde de este miércoles, la base de datos de Justicia 11J computaba 162 liberados desde la semana pasada. Previamente, la organización había reportado unas 549 personas presas producto de la manifestación de 2021 y unos 880 que el grupo considera presos políticos, contemplando las posteriores protestas de 2022 y 2024.
Otra agrupación llamada Observatorio de Derechos Humanos con sede en España y que también realiza monitoreos, expresó asimismo su preocupación “por la posible cancelación, pausa o ralentización en las excarcelaciones”, según un comunicado en su página web. Este grupo había contabilizado 166 liberaciones hasta ahora.
De acuerdo con el Tribunal Supremo Popular, que publicó comentarios de la vicepresidenta Maricela Sosa el pasado viernes en Facebook, habían salido de prisión 127 personas en los dos primeros días –el 15 y 16 de enero—, de las que 121 obtuvieron la libertad condicional y seis, una licencia extrapenal destinada a casos de salud.
Sosa aclaró que no se trataba de amnistías, ni indultos, sino de un beneficio judicial y que los delitos eran tan diversos como robo con fuerza, hasta amenazas y actos de desobediencias, por lo que según dejó entrever no todos los excarcelados tienen necesariamente vinculación con las protestas.
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