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En los últimos días, diversos analistas han planteado la necesidad de una acción de fuerza para desalojar a Maduro de Miraflores, considerando que el 10 de enero decidió, una vez más, usurpar el poder. Estos argumentos recurren a fundamentos del derecho internacional en el sistema multilateral o regional, invocando tratados o cláusulas para justificar tal acción. Sin duda, este tema suscita un debate sobre su pertinencia y conveniencia ética y geopolítica, especialmente en cuanto a su posible impacto humanitario en la población venezolana.
Dentro del sistema de Naciones Unidas existe un principio que ha sido mencionado en varias oportunidades. Si se emplea adecuadamente podría ser una herramienta a disposición de la Venezuela democrática y de los países que apoyan el retorno de la democracia en el país. Además, este principio permite que los Estados puedan apoyarse en el sistema multilateral para respaldar a los venezolanos de manera legítima, escribe María Alejandra Aristeguieta en su columna de opinión reseñada en el portal web El Nacional.
El Principio de Responsabilidad de Proteger (R2P) surgió en la ONU durante los años noventa, formulado como respuesta a las atroces violaciones de derechos humanos ocurridas en esa década, como el genocidio en Ruanda en 1994 y la guerra en Bosnia entre 1992 y 1995, en particular, la masacre de Srebrenica. En estos casos, la comunidad internacional fue ampliamente criticada por su inacción. Un testigo de excepción, Diego Arria, entonces embajador de Venezuela ante la ONU y posteriormente asesor del entonces secretario general, Koffi Annan, describió la incapacidad de la organización para proteger a la población bosnia como un ejemplo de un organismo dedicado a hacer «autopsias» en lugar de prevenir atrocidades.
Kofi Annan tenía claro que los Estados poseen derechos, pero también responsabilidades internacionales. Annan buscó llevar esta idea a la práctica, estableciendo que la soberanía no sólo otorga derechos, sino también impone responsabilidades hacia las poblaciones dentro de las fronteras de los Estados. Así, el R2P se activa cuando los gobiernos fallan en su deber de proteger a la población de crímenes atroces como genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica o crímenes de lesa humanidad. Según Annan, la comunidad internacional tiene la obligación moral y política de actuar frente a estas atrocidades.
Liderado por Canadá y con la activa participación de ONG de derechos humanos y humanitarias, el R2P fue formalmente adoptado en la Cumbre Mundial de 2005. Los Estados miembros reconocieron su responsabilidad de proteger a sus poblaciones de los crímenes atroces mencionados. En caso de no cumplir con este cometido, la comunidad internacional debía actuar de forma pacífica mediante asistencia diplomática, apoyo en el cumplimiento de acuerdos internacionales de derechos humanos, cese al fuego, ayuda humanitaria, reinstitucionalización del Estado y justicia transicional.
Además, el acuerdo también preveía medidas colectivas, incluyendo intervenciones militares como último recurso. Posteriormente, bajo el mandato del secretario general Ban Ki-moon, se acordó que tales intervenciones debían ser autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Con el tiempo, la aplicación del R2P ha enfrentado varios desafíos. Por un lado, su evolución ha diluido su objetivo original, el cual buscaba establecer criterios operativos claros para la intervención colectiva y decisiva. La intervención en Libia (2011), bajo el paraguas del R2P, fue criticada por expandir su objetivo hacia el cambio de régimen, lo que, a los ojos de sus críticos, deslegitimó su uso y condicionó su aplicación posterior, como en el caso de Siria, donde el Consejo de Seguridad quedó paralizado por bloqueos políticos.
Además, el R2P ha sido cuestionado por el Sur Global como un pretexto para intervenciones unilaterales de Occidente, mientras que las poblaciones víctimas de crímenes atroces critican a la comunidad internacional, especialmente a las democracias occidentales y a la ONU, por su inacción frente a sus perpetradores.
En definitiva, lo que nació como un intento de equilibrar la soberanía estatal con la obligación de prevenir atrocidades masivas, ha visto su credibilidad afectada por tensiones entre ideales humanitarios y realidades geopolíticas afectando a la postre su credibilidad como mecanismo disuasorio. A pesar de ello, podemos decir que hoy en día, buena parte de lo que han hecho los Estados democráticos y los organismos universales y regionales en Venezuela, está enmarcado dentro del R2P.
Asimismo, todo lo que puedan hacer para garantizar una transición hacia la democracia también estaría enmarcado dentro del principio de R2P, porque, Maduro ha fallado en su responsabilidad de proteger a la población de su país, y la comunidad internacional tiene el deber de intervenir sin que necesariamente sea con una acción militar colectiva. Existen múltiples mecanismos diplomáticos, legales, económicos y humanitarios para apoyar a países como el nuestro, donde se cometen crímenes atroces. La eficacia de estas medidas depende de la voluntad política internacional, la coordinación entre actores y la aplicación coherente del principio que pueden ser más creativas, más sostenibles, y menos disruptivas que el uso de la fuerza.
Y en caso de que las acciones protectoras no sean suficientes, la comunidad internacional siempre tendrá la posibilidad de enfrentar el dilema de actuar decisivamente de manera militar y colectiva bajo el principio del R2P, o quedar paralizada por intereses geopolíticos del Consejo de Seguridad, poniendo a prueba, una vez más, la efectividad del R2P como mecanismo preventivo y disuasorio.
FUENTE: REDACCIÓN
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