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Un tribunal contra el crimen organizado de San Salvador condenó el jueves a cinco años de internamiento y cinco más de libertad condicional a tres menores de edad que fueron detenidos el año pasado tras difundirse públicamente unos polémicos viídeos en los que aparecían haciendo señas alusivas a pandillas dentro de un centro escolar.
Otros siete jóvenes, procesados también por el delito de agrupaciones ilícitas por presuntos vínculos con las pandillas que ejercen violencia en el país, fueron absueltos.
Los menores, de 12 a 15 años, fueron capturados cuando estalló la polémica por haberse grabado en la red social TikTok, según dijo la policía en un informe en febrero de 2024, “rifando a la Mara Salva trucha (MS-13)”, en alusión a los gestos.
El gobierno de Nayib Bukele lleva por bandera una política de mano dura contra organizaciones criminales y presume de haber reducido drásticamente las cifras de asesinatos en un país que vivió años de mucha violencia. Para ello, aplicó un estricto régimen de excepción vigente desde hace casi tres años que restringe derechos como el de ser informado de las razones de una detención y que ha recibido críticas abiertas por irrespetar los derechos humanos.
Cuando los menores fueron detenidos, el gobierno informó que más de 1.000 jóvenes habían sido condenados con penas que iban hasta los 20 años de internamiento por el delito de agrupaciones ilícitas.
“Siete han sido absueltos, no había pruebas concretas. Tres han sido condenados a cinco años de internamiento (prisión) y cinco años de libertad asistida”, dijo al concluir el juicio, la abogada defensora Jayme Magaña.
De los siete que fueron eximidos de responsabilidad, Magaña indicó que se ha demostrado efectivamente que no hay ningún tipo de vínculos (con pandillas) y nos gustaría que esto también siente un precedente para que otros niños que están siendo procesados, se valore toda la prueba de cargo y de descargo y sean dejados en libertad”.
El gobierno de Bukele impulsó en 2023 reformas a la Ley Penal Juvenil que incluyeron penas de cárcel de 10 años para niños y adolescentes menores de 12 años y sentencias de hasta 20 años de prisión para los mayores de 16 años.
El Código Penal de El Salvador tipificó como delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
En 2012, el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha en una lista de organizaciones criminales. Tres años después, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la catalogó como de organización terrorista, al igual que la pandilla Barrio 18.
El régimen de excepción vigente en El Salvador desde el 27 de marzo de 2022 ha sido fuertemente criticado por organizaciones de derechos humanos, dado que suspende derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado, permite a las fuerzas de seguridad intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y extiende la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
De los más de 60.000 presos capturados durante su vigencia, más del 90 % están en la cárcel sin sentencia.
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