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Un terreno que ha servido en los últimos ocho años para reincorporar a la vida civil a los exguerrilleros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) quedará el miércoles desolado por el desplazamiento de más de 80 personas, entre firmantes de paz y sus familias, tras la amenaza de armados ilegales que operan en la zona.
“Teníamos muchas esperanzas y todas esas quedan enterradas”, lamentó Roberto Sanabria, uno de los excombatientes desplazados. “La decisión no es de nosotros, sino de quienes nos dijeron que teníamos que irnos y hay que cumplir”, agregó en conversación telefónica con The Associated Press.
El desplazamiento inició sobre el mediodía, según indicó el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de Firmantes de Paz.
Desde que las FARC entregaron las armas, otros grupos al margen de la ley han ocupado los espacios que controlaba la otrora guerrilla y mantienen disputas por el control del territorio y las economías ilegales.
Los 24 firmantes de paz y sus familias huyen de un área de reincorporación llamada “Libertad Simón Trinidad”, ubicada en una zona rural del municipio de Mesetas, en el céntrico departamento de Meta, donde operan varias facciones disidentes de las FARC que no se acogieron al histórico acuerdo de paz firmado entre la guerrilla y el Estado en 2016.
Entre los desplazados hay 32 menores de 18 años, así como 11 personas con discapacidad, según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), encargada de la inclusión de excombatientes a la vida civil.
Los firmantes de paz han sido blancos de ataques en Meta y en todo el país. Desde 2016 han sido asesinados al menos 441 excombatientes, según el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU.
Desde 2016 han sido reubicados por problemas de seguridad al menos cinco grupos de exguerrilleros que permanecían en los espacios establecidos por el gobierno para su reintegración a la vida civil. Se espera que los excombatientes de “Libertad Simón Trinidad” se trasladen al casco urbano de un municipio del Meta, cuya ubicación no fue detallada por el gobierno por seguridad.
“En este mes comenzaron los enfrentamientos por los lados del resguardo indígena, algunos ametrallamientos y heridos. Una serie de situaciones que nos pone en alto riesgo a los firmantes y que concluye con la notificación de que tenemos que irnos”, explicó Sanabria, de 56 años y quien se unió a la guerrilla de izquierda en 1982.
“Seguimos convencidos de que la paz es el mejor camino para la humanidad”, aseguró Sanabria, quien planea continuar en la vida civil pese a las amenazas y el desplazamiento.
Sin embargo, se arrepiente de haber entregado las armas, junto a más de 13.000 guerrilleros, para luego sentirse perseguido: “El peor error que cometimos nosotros en Colombia fue haber firmado la paz y haber hecho dejación de las armas y por eso hoy nos matan desarmados”.
Los firmantes de paz se reunieron con el gobierno el martes para pedir acompañamiento institucional en las etapas del desplazamiento, la logística del transporte y un predio para la construcción de un nuevo “asentamiento definitivo” en el cual vivir con garantías de seguridad.
La ARN aseguró que tras la reunión se activará una ruta de atención al desplazamiento forzado con las autoridades locales y buscarán predios para reubicarlos.
Sin embargo, los firmantes de paz lamentan que con el desplazamiento pierdan gran parte de sus proyectos productivos —algunos financiados por la comunidad internacional— con los que sobrevivían como árboles frutales, elaboración de abonos y un espacio turístico que incluía senderos, un alojamiento y restaurante.
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