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El gobierno de Trump demandó a Chicago el jueves alegando que las leyes de “santuario” en la tercera ciudad más grande de la nación “frustran” los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
La demanda, que también nombra al estado de Illinois, es el esfuerzo más reciente encaminado en tomar medidas enérgicas contra los lugares que limitan la cooperación entre los agentes federales de inmigración y la policía local.
Esto sigue a las amenazas del gobierno federal de presentar cargos penales y recortes de fondos federales a las que se conocen como ciudades santuario.
«La conducta de los funcionarios de Chicago e Illinois, que durante años han aplicado mínimamente las leyes federales de inmigración y a menudo las han desobedecido, ha dado lugar a la puesta en libertad en Chicago de innumerables delincuentes que deberían haber sido detenidos para su expulsión de los Estados Unidos”, según la demanda presentada en el tribunal federal de Chicago.
El presidente Donald Trump ha señalado a menudo a Chicago e Illinois, que tienen algunas de las protecciones más fuertes para los migrantes en la nación. Altos funcionarios del gobierno visitaron la ciudad el mes pasado para iniciar una aplicación más dura de las leyes de inmigración y mostraron imágenes del “zar de la frontera” Tom Homan haciendo arrestos en televisión en vivo.
El enfoque agresivo y la dura retórica han sido muy criticados por avivar los temores en las comunidades migrantes y alimentar falsas afirmaciones sobre la delincuencia entre los migrantes.
Aunque en los últimos meses han aparecido en las noticias varios delitos violentos y de gran repercusión en los que están implicadas personas que viven ilegalmente en Estados Unidos, no hay nada que respalde la afirmación de que esto ocurre a diario.
Los estudios han revelado que las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos tienen menos probabilidades de ser detenidas por delitos violentos, relacionados con las drogas y contra la propiedad que los estadounidenses nacidos en el país.
Sin embargo, este sentimiento es la piedra angular de la agenda de Trump. El primer proyecto de ley que firmó de su nuevo gobierno, nombrado en honor a la estudiante de enfermería de Georgia asesinada Laken Riley, requiere la detención de migrantes no autorizados acusados de robo y crímenes violentos.
Horas después jurar el cargo el miércoles, la nueva secretaria de Justicia Pam Bondi lanzó el último ataque del gobierno contra las ciudades santuario, ordenando el fin de las subvenciones del Departamento de Justicia para las jurisdicciones que “interfieren ilegalmente con la “impartición de la ley federal”.
Sin embargo, los tribunales han respaldado repetidamente la legalidad de la gama de leyes santuario. Las leyes no permiten que las fuerzas del orden locales interfieran activamente con las operaciones federales. La primera Casa Blanca de Trump también intentó negar subvenciones de seguridad pública a las jurisdicciones santuario, pero los tribunales también rechazaron en gran medida esos intentos.
Este gobierno, sin embargo, ya ha dejado claro que el precedente legal no necesariamente se interpondrá en su camino. Los abogados dicen que simplemente presentar demandas puede intimidar a las jurisdicciones para que se alejen de sus leyes santuario.
La demanda afirma que las leyes locales contravienen las leyes federales al restringir que “los gobiernos locales compartan información de inmigración con funcionarios federales de aplicación de la ley” y evitar que los agentes de inmigración identifiquen a “individuos que pueden estar sujetos a remoción”.
Chicago, fuertemente demócrata, ha sido una ciudad santuario durante décadas y ha reforzado sus leyes varias veces desde la década de 1980, incluyendo durante el primer mandato de Trump en 2017. Ese mismo año, el entonces gobernador Bruce Rauner, un republicano, firmó más protecciones santuario a nivel estatal en ley, poniéndolo en desacuerdo con su partido.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, quien no ha respondido de momento a la solicitud de comentarios, ha defendido las leyes santuario de la ciudad. Él y otros alcaldes planean testificar el próximo mes en una audiencia congresional sobre ciudades santuario.
En los últimos meses, Chicago ha ayudado a organizar capacitaciones para que las personas aprendan sus derechos cuando se trata de lidiar con agentes de inmigración y ha publicado la información en estaciones de tránsito público en toda la ciudad.
El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, uno de los críticos más vocales de Trump, dijo que el estado siempre ha cumplido con la ley.
“A diferencia de Donald Trump, Illinois sigue la ley”, dijo la oficina de Pritzker en un comunicado. “En lugar de trabajar con nosotros para apoyar a las fuerzas del orden, el gobierno de Trump está dificultando la protección de la ciudadanía, justo como lo hicieron cuando Trump indultó a los criminales violentos condenados del seis de enero”.
La demanda también menciona al condado de Cook, donde se encuentra Chicago, y a su jefe de policía. Los mensajes dejados el jueves a la presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, y al jefe de policía del condado, Tom Dart, no han sido devueltos aún.
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