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En una operación sin precedentes, las autoridades mexicanas trasladaron el jueves a Estados Unidos a 29 personas requeridas por vínculos con el crimen organizado, entre ellas el histórico capo Rafael Caro Quintero, que fue apresado hace casi tres años en el noroeste de México y quien es requerido por el asesinato de un agente federal en 1985.
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Además de Caro Quintero, también fueron enviados al país vecino los cabecillas del sanguinario grupo de Los Zetas, Miguel Treviño Morales y su hermano Omar Treviño Morales —alías el Z-40 y el Z-42, respectivamente—, confirmó a The Associated Press una funcionaria federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar.
La Fiscalía General de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunciaron en un comunicado conjunto que la mañana del jueves fueron trasladadas a Estados Unidos 29 personas que se encontraban detenidas en diferentes centros carcelarios del país. Eran requeridos en el vecino país por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, pero no mencionaron sus nombres.
Caro Quintero fue apresado en territorio mexicano en julio del 2022 y es reclamado por la justicia estadounidense con señalamientos por la muerte en 1985 de un agente de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos.
La detención de Caro Quintero, considerado uno de los grandes «padrinos» del narcotráfico en México, representó el mayor golpe a las organizaciones criminales que dio el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
El líder criminal sinaloense nació en Badiraguato —el mismo municipio que Joaquín «El Chapo» Guzmán—, y fue uno de los fundadores del cártel de Guadalajara a finales de la década de 1970. Posteriormente fue líder histórico del cártel de Sinaloa junto a «El Chapo», que en la actualidad cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y junto a Ismael «El Mayo» Zambada, quien fue detenido el año pasado en Texas.
El traslado a Estados Unidos de los tres capos coincidió con la visita que realizaban el jueves a Washington el canciller Juan Ramón de la Fuente y los secretarios de Economía, Seguridad, Defensa y Marina, Marcelo Ebrard, Omar García Harfuch, el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Morales, respectivamente, para avanzar en las discusiones con sus pares estadounidenses sobre posibles acuerdos en materia comercial y de seguridad.
Los diálogos bilaterales se dan a pocos días de que venza el plazo del 4 de marzo que fijó el presidente Donald Trump para comenzar a aplicar los aranceles generales de 25% a las importaciones mexicanas.
Con las extradiciones de los dos capos se pone fin a un largo proceso que se inició tras la captura en el 2013 de Miguel Treviño Morales y dos años después de su hermano, Omar Treviño Morales. Se postergó por años debido a demoras en el trámite que el propio fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, calificó como «verdaderamente vergonzoso».
Los Treviño Morales, quienes han sido acusados por las autoridades estadounidenses de dirigir desde la cárcel el violento Cártel del Noreste, tienen procesos pendientes en Estados Unidos por participar en una organización criminal, conspiración para el tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y conspiración para el lavado de dinero. Les atribuyen actividades delictivas en México, Guatemala, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.
Los Zetas surgieron como brazo armado del Cártel del Golfo en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas. Tras dividirse, sembraron de terror varios estados de México y fueron el principal objetivo de la guerra contra los cárteles lanzada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012).
El violento grupo fue acusado como responsable de diversas masacres, entre ellas la ocurrida en 2010 en San Fernando, estado de Tamaulipas, donde asesinaron a 72 migrantes, y la ejecución de decenas de habitantes en la localidad norteña de Allende, estado de Coahuila, en torno al 2011.
El renombrado Cártel del Noreste opera actualmente en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, el lugar «donde los grupos delincuenciales agreden más a las fuerzas armadas, tanto al Ejército como en su caso a la Guardia Nacional», según reconoció el octubre pasado la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
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