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Las denuncias por abusos y extorsiones por parte de miembros de la fuerza pública no son un fenómeno novedoso en Venezuela, en donde se ha institucionalizado la corrupción, dijo Marino Alvarado, coordinador de la ONG Provea.
Cuántas personas inocentes terminan en una cárcel porque según las denuncias no quisieron o no pudieron pagar una extorsión, se pregunta el activista social.
Este modo de actuación está vigente y se incrementó como consecuencia de una mayor presencia policial en las calles, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revelara los resultados electorales fraudulentos de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, que generaron protestas políticas.
Según las denuncias, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a través de sus distintos componentes, pero principalmente a través de la Dirección de Asuntos Estratégicos y Tácticos (DAET), ejecuta las extorsiones.
En Caracas, El Helicoide y las sedes de la PNB en Maripérez (oeste) y la Zona 7 en Boleíta (este) son los principales centros de extorsión.
Lo que ocurre dentro del Helicoide es un modus operandi que contempla los delitos de secuestro y extorsión, explica Joel García, abogado penalista.
La metodología aplicada es clara: retienen a las personas, las llevan a un lugar desconocido y luego les hacen llamar a un familiar para que sean liberadas a cambio de dinero. Un rescate.
El cambio de ministro de Interior —ahora Diosdado Cabello— no ha significado una reducción de esa práctica, refiere Marino Alvarado.
Agentes de seguridad fueron acusados, en el pasado reciente, de extorsionar a miembros de comunidades, justamente donde se ejecutaron ofensivas contra grupos criminales.
En 2022, durante la “Operación Trueno”, en Guárico, dirigida contra el grupo criminal Tren del Llano, los efectivos arrestaron a personas con acusaciones falsas y les exigieron sobornos para liberarlos. Además, acosaron y extorsionaron a comerciantes locales, lo cual fue documentado por InSight Crime, en un reportaje publicado en septiembre de 2024.
“Yo diría que desde hace aproximadamente dos o tres años las extorsiones, en las fuerzas de seguridad, se convirtieron en una epidemia”, señala Marino Alvarado.
“Lo normal es que pidan dólares, pero cuando la gente no tiene pueden llegar incluso a demandar objetos de mediano valor como televisores, teléfonos, cauchos (neumáticos)”, agregó.
Extorsión postelectoral
Después de las elecciones presidenciales, el objetivo de los agentes cambió. Ahora se enfocan en exigir dinero a personas ligadas a la oposición o que desempeñaron un rol en los centros electorales, a cambio de no terminar en una celda.
Los montos de extorsión varían, pero según las denuncias inician en su mayoría en los $10,000. Si sus familiares no tienen esta cantidad, los efectivos empiezan a bajar el monto hasta obtener entre $2,000 o $1,000.
Testimonios a los que tuvo acceso DIARIO LAS AMÉRICAS confirman el modo de operar. Un joven fue perseguido tras ser testigo de mesa por la oposición en la zona centro del país. Los uniformados le exigieron $4,000, la familia solo recogió $2,000, lo liberaron.
Otro caso ocurrió cuando la “Operación Tun-Tun” fue directamente a casas de comerciantes que ni siquiera trabajaron en mesas electorales ni estuvieron en las manifestaciones. “Si pagas 1,000 dólares te dejamos tranquilo y no te acusamos de estar en las protestas”.
La Operación Tun-Tun describe los allanamientos de morada y violaciones de residencias de opositores.
En otra línea de extorsión, una persona, en Caracas, publicó su negocio por Instagram y unos policías encubiertos se hicieron pasar por un cliente interesado en un repuesto. Cuando se encontraron con el comerciante, le pidieron la procedencia de la mercancía y otros papeles, acusándolo de corrupción. Tuvo que pagar $300, porque pudo demostrar que no tenía más que eso en su casa.
Otra víctima contó que policías encubiertos le quitaron mercancía bajo la misma modalidad. La mayoría de la gente termina en un ala de El Helicoide, es como una oficina VIP, en donde los funcionarios cometen sus fechorías sin que las autoridades hagan nada, pese a las denuncias. Previamente son llevados a lugares desconocidos para concretar la «negociación».
El Helicoide sirve de sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN, policía política), así como para algunas brigadas del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), además de funcionar como el mega calabozo de presos políticos.
“Siembra de drogas”
En la mayoría de los casos procede la “siembra” de drogas. Jóvenes que son detenidos en alguna alcabala y desde el primer momento les piden dinero. Si dicen que no tienen la cantidad, se los llevan detenidos y procede “la acusación”, porque arman la narrativa de que encontraron drogas en sus vehículos.
En segunda instancia, viene la negociación, donde se involucran las familias para que aporten el dinero y puedan ser liberados. Todo esto ocurre, generalmente, en un día. Si no hay negociación posible y están en El Helicoide no los dejan ahí, los llevan a otras comisarías hasta que entreguen el dinero o van presos a una cárcel nacional por “tenencia de drogas”, estos sucesos se confirman en un reportaje de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por los medios El Pitazo, Runrun.es y TalCual.
El “Paseo Millonario” te lo da la policía en Caracas hasta el Helicoide, publicó Armando Info en un reportaje en 2023.
La norma es a todo nivel, “si nos das la plata no te enviamos a Tocorón”, le dijeron a una víctima que estuvo presa en una comisaría regional y que fue liberada porque su familia “pagó algo”.
FUENTE: CONSULTAS A ONG/ REDES SOCIALES
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