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A un día de que concluya la campaña electoral, el presidente de Ecuador Daniel Noboa, quien busca un nuevo mandato en los comicios del domingo, envió a la Corte Constitucional un pedido de reforma parcial a la Constitución para que la medida cautelar de prisión preventiva sea obligatoria en los casos de implicados de terrorismo y crimen organizado.
La norma actual señala que la prisión preventiva es una medida “excepcional” que no debe ser aplicada como “regla general” por parte de los jueces, quienes deben priorizar medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad.
La situación de seguridad y “las fallas en la administración de justicia requieren medidas firmes para evitar que delincuentes peligrosos se burlen de la justicia”, y enfrentar delitos de alto riesgo con probabilidad de fuga, indicó un comunicado de la Secretaría de la Presidencia divulgado el miércoles.
“Terroristas, narcos, sicarios, mafias organizadas… No habrá más fugas, no habrá más excusas”, escribió Noboa en la red social X, antes Twitter.
Combatir la ola de violencia que ha sembrado la cotidianidad de los ecuatorianos de noticias sobre crímenes violentos, de extorsiones a negocios y de secuestros asoma como uno de los grandes desafíos que deberá atender quien gane los comicios del domingo. La violencia sigue golpeando al país andino a pesar que el año pasado se registró una reducción de 15 % en las muertes violentas respecto al 2023, según las datos de la policía.
El pedido de reforma del presidente Noboa sobre el artículo 77 de la Constitución plantea que la prisión preventiva será un mecanismo excepcional “salvo las situaciones en que, por razones de combatir el terrorismo y crimen organizado, según los casos y condiciones que determine la ley, se deba ordenar obligatoriamente la prisión preventiva».
El trámite de la propuesta de reforma podría tomar varios meses. En caso de ser aprobada por la Corte, la iniciativa debe pasar a la Asamblea Nacional para su aprobación o rechazo.
Para el penalista y ex magistrado de la Corte Nacional de Justicia, Ramiro Román, establecer la obligatoriedad de la prisión preventiva puede conllevar “la pérdida del derecho de presunción de la inocencia de una persona”, que, indicó, es un derecho constitucional.
Román señaló que si bien la realidad del país ha cambiado “no debemos caer en los relatos de que el endurecimiento de penas” cambiarán la situación de inseguridad, porque el país requiere cambios estructurales de atención social y preventivos y no únicamente legales, opinó.
“Se debe ver más allá del efecto político”, agregó.
Uno de los casos más recientes que generó críticas a la justicia fue la decisión de un juez de dejar en libertad controlada a fines de enero a Carlos Julio D, alias “El Chino”, considerado el segundo cabecilla de la organización delictiva “Los Lobos” —una de las más grandes y poderosas que operan en el país según las autoridades— a pesar que fue detenido con armas, explosivos, dinero en efectivo y drogas en su poder.
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