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MIAMI.- El régimen de Nicolás Maduro ordenó el traslado, sin previo aviso, de casi 80 presos políticos poselectorales recluidos en una cárcel común de máxima seguridad, por la presunta llegada de «presos de alta peligrosidad», en medio de la activación de los vuelos de deportación acordados con la administración de Donald Trump.
La mañana de este 10 de febrero, madres y demás familiares de 78 presos que se encontraban en el Internado Judicial de Carabobo (centro-norte), conocido como Tocuyito, confirmaron el traslado de los detenidos al Centro Penitenciario de Aragua (centro-norte), conocido como Tocorón, donde se formó el temerario grupo del crimen trasnacional Tren de Aragua.
Ambas cárceles de máxima seguridad fueron intervenidas en 2023 por el régimen y «habilitadas» por petición de Maduro para albergar a los más de 2,000 detenidos en el marco de la ola de represión y persecución que desató tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
«La información habría sido proporcionada por la directora de esta cárcel la mañana de este lunes, quien envió audios a los familiares para indicarles que el traslado se debía a que recibirían a presos de ‘alta peligrosidad’ que pondrían en riesgo la vida de estos detenidos en el contexto poselectoral del #28J. Hasta la noche de ayer, familiares y presos políticos poselectorales desconocían del traslado», informó, a través de X, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).
Crece preocupación
La directora de Tocuyito habría alegado a los familiares que los detenidos «estarían mejor» en Tocorón, a casi 90 km de distancia, «ya que se encontrarían con otros presos políticos igualmente poselectorales», indicó la ONG.
«La preocupación crece entre las madres y familiares de estos presos políticos, quienes esperaban que sus seres queridos fueran liberados, después de seis meses de injusta prisión. Para muchos, el nuevo lugar de reclusión implica una carga emocional y económica muy grande, debido a la lejanía de sus hogares, los gastos de pasajes para poder verlos y brindarles lo poco que les permiten entregar en este penal, y las condiciones inhumanas de reclusión que padecen los presos políticos en este recinto penitenciario de la región central del país», apuntó.
De acuerdo con la ONG, las familias de los presos políticos esperan desde hace semana las boletas de excarcelación prometidas por el Ministerio Público (MP), al servicio de la dictadura, quien desde noviembre revisa algunos casos de detención, librando medidas de libertad condicional para un considerable número de ellos. Sin embargo, Venezuela aún registra 1,196 presos políticos, entre ellos cuatro menores de edad, según el último balance ofrecido por la ONG Foro Penal.
Exigen libertad de los presos políticos
«Hasta el momento no se han producido las liberaciones. Por lo que crece la molestia ante lo que consideran una burla por parte de los funcionarios al frente de las instituciones del Estado, responsables de la justicia en Venezuela», sostuvo el CLIPP.
La ONG recordó que aún quedan más de 400 presos políticos poselectorales detenidos en estas cárceles de alta seguridad, «que no han podido ser completamente listados ni visibilizados por organizaciones de la sociedad civil, motivado a la dispersión de sus lugares de reclusión y el temor de familiares a informar».
«Exigimos al Estado venezolano liberar inmediatamente a todos los presos políticos. Se debe entender la angustia y el sufrimiento de tener a un ser querido tras las rejas siendo inocente, sometido a maltrato físico y psicológico por crímenes que no cometió», enfatizó.
Vuelos de deportación
Este movimiento en las cárceles venezolanas se da en medio de la llegada de dos aviones de la aerolínea estatal Conviasa a la base militar Biggs Army Airfield, ubicada en El Paso, Texas, para llevar a cabo los primeros vuelos de deportación de migrantes venezolanos indocumentados, como acordó el régimen con la administración republicana.
Las aeronaves, con matrículas YV2944 y YV3071, con capacidad para 104 pasajeros cada una, hicieron una escala en Cancún, México, antes de arribar en la frontera sur de EEUU, con un rotulado de «Plan Vuelta a la Patria», creado por la dictadura en agosto de 2018.
Con esto, iniciarían los primeros vuelos de deportación, negociados por Richard Grenell, enviado especial del presidente Trump, durante su visita a Caracas. Esto, a pesar de que el «zar de la frontera», Tom Homan, había estimado que las deportaciones de venezolanos comenzarán hasta dentro de un mes.
FUENTE: Con información de redes sociales / Redacción DLA
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