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CARACAS.- La abogada Theresly Malavé, quien forma parte del equipo de defensa de la activista y presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, declaró que esperan que se le otorgue a la brevedad una medida humanitaria, ya que debe ser operada por un especialista en libertad, por una fractura de hombro que tiene desde varios meses.
Así lo ratificó la jurista en rueda de prensa, en la que resaltó que para este 11 de febrero está fijada, por segunda vez, la audiencia de juicio oral y público que fue diferida en diciembre, porque no se llevó a cabo el traslado de todos los imputados por el caso “Brazalete blanco”.
Según el régimen, los involucrados en la operación Brazalete Blanco «planificaron un ataque contra la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero; ambos ubicados en el estado Táchira (occidente del país) para hacerse con el parque de armas de este cuerpo».
La abogada dijo que fue este fin de semana se cumplió un año tras las rejas y sigue sin saber por qué fue detenida.
“Ni siquiera la defensa pública ha podido verla en el SEBIN. Rocío necesita ser defendida y saber el motivo por el cual la acusan. Todas las pruebas indican que es inocente. No es una terrorista” agregó.
“Lo que podemos esperar es que se dé el traslado, tenemos expectativas porque podría darse la oportunidad de que tanto mi persona como el doctor Juan Luis González seamos juramentados como sus abogados. En segundo lugar, la que más esperamos, es que le den su medida humanitaria para que pueda ser operada”, dijo la abogada.
Recordó que Rocío San Miguel tuvo una fractura en el hombro que se solidificó, por lo que no puede mover el brazo. “Debe ser operada por un especialista y para que la operación tenga éxito lo más importante es que el postoperatorio sea en familia. En el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) no hay condiciones para que esto ocurra”.
Diferentes ONG alzan la voz por Rocío San Miguel
ONG venezolanas pidieron este domingo la liberación de la activista y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, para quien además exigen una medida humanitaria que permita a médicos de confianza atender una fractura que sufrió en el hombro derecho.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) afirmó que, durante estos doce meses, San Miguel ha sido sometida a un proceso que tacha de «viciado», «plagado de irregularidades» y «violaciones» a las formalidades legales.
FUENTE: CONFIRMADO / LA PATILLA / DIARIO LAS AMÉRICAS
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