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El Tribunal Contencioso Electoral suspendió el jueves los derechos de participación política de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, por considerar que cometió violencia política de género en contra de la canciller del país, que la denunció ante el organismo.
El juez electoral Guillermo Ortega señaló en su dictamen difundido en la noche que Abad incurrió en la infracción —considerada “muy grave” en la legislación ecuatoriana– y la sancionó con la suspensión de sus derechos de participación por dos años, además de imponerle una multa de más de 14.000 dólares y un pedido de disculpas públicas a la ministra, Gabriela Sommerfeld.
La defensa de Sommerfeld alegó en la audiencia celebrada una semana antes, que Abad había realizado varias declaraciones menoscabando su imagen con acusaciones sin fundamento que tuvieron repercusión dentro y fuera del país.
Entre algunas de las expresiones de la vicepresidenta que fueron cuestionadas, estaban que la canciller la había “amordazado” o “secuestrado”.
Abad, quien mantiene una disputa pública con el presidente, Daniel Noboa, y con funcionarios de su gobierno, fue delegada por el mandatario a cumplir funciones de embajadora primero en Israel y después en Turquía. Según sostiene, su situación constituye un “exilio forzoso” y una persecución política para evadir la figura de la sucesión presidencial.
Según la Constitución del país andino, en ausencia temporal o definitiva del presidente es la vicepresidenta quien asumir el poder. Noboa se juega su reelección frente a la izquierdista Luisa González en el balotaje previsto para el 13 de abril, por lo que tendrá que pedir licencia durante la campaña electoral.
Esta es la tercera sanción que recibe la vicepresidenta, que fue elegida para el cargo en las urnas. La primera fue una multa de 8.500 dólares dictada también por el Tribunal Contencioso Electoral, por hacer campaña de forma anticipada en 2023, durante su postulación para la alcaldía de Cuenca, su ciudad natal.
La segunda llegó del Ministerio de Trabajo, que la suspendió de su cargo por cinco meses, pero una jueza revirtió la decisión al considerar que se vulneraron sus derechos constitucionales. Pese a la restitución de sus funciones, Abad, no ha podido ejercer el cargo.
Ni Abad ni Noboa han aclarado públicamente los motivos de su distanciamiento.
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