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La vicepresidenta ecuatoriana, Verónica Abad, calificó el viernes de inconstitucional e ilegal el fallo que suspendió sus derechos políticos por dos años y adelantó que prepara una apelación.
La víspera un juez electoral falló en contra de Abad por considerar que incurrió en violencia política de género tras ser denunciada por la canciller Gabriela Sommerfeld. A su vez le impuso una multa de más de 14.000 dólares y un pedido de disculpas públicas a la afectada.
Abad, quien acudió el viernes a la Asamblea Nacional para insistir en un proceso de fiscalización que le permita ejercer funciones, calificó al fallo de “cortina de humo para desviar la atención de otros temas importantes” en Ecuador.
Abad fue elegida en 2023 junto al presidente Daniel Noboa, con quien mantiene una disputa pública.
Dominique Dávila, abogada de la vicepresidenta, dijo a The Associated Press, que “agotaremos los recursos legales que nos asisten”, como la apelación y una demanda ante la Corte Constitucional. Añadió que impulsarán el caso también en cortes internacionales.
El constitucionalista Gonzalo Muñoz consideró que de quedar firme la decisión del juez electoral se configuraría la ausencia de Abad, con lo cual en el momento en que el presidente tenga que delegar el poder no lo hará a Abad sino a una tercera persona. Abad tampoco podrá participar como candidata ni sufragar, dijo en diálogo con AP.
Según la Constitución, en ausencia temporal o definitiva del presidente es el vicepresidente quien asume el poder. Noboa se juega su reelección frente a la izquierdista Luisa González en el balotaje previsto para el 13 de abril, por lo que tendrá que pedir licencia durante la campaña electoral.
Muñoz explicó que el mandatario podrá nombrar temporalmente a su reemplazo mientras envía una terna a la Asamblea Nacional para que en el plazo de 30 días designe a la sucesora de Abad.
Esta es la tercera sanción que recibe la vicepresidenta: la primera fue una multa de 8.500 dólares por hacer campaña de forma anticipada en 2023, durante su postulación para la alcaldía de Cuenca, su ciudad natal. La segunda llegó del Ministerio de Trabajo, que la suspendió de su cargo por cinco meses. Aunque una jueza revirtió la decisión al considerar que se vulneraron sus derechos constitucionales, Abad no pudo ejercer el cargo.
Ni Abad ni Noboa han aclarado públicamente los motivos de su distanciamiento.
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