Un equipo legal interpuso el lunes recursos de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en favor de treinta ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos que, según denuncian, permanecen recluidos de manera «ilegal» en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT).
Los abogados defensores sostienen que las detenciones carecen de fundamento legal, argumentando que ninguno de los deportados registra antecedentes penales ni en sus países de origen ni en Estados Unidos, según reporte del medio local El Salvador.
Salvador Ríos Alvarado, uno de los abogados litigantes, explicó que la acción legal se basa en que la Constitución salvadoreña garantiza derechos «sin distinción entre nacionales y extranjeros».
«Venimos a celebrar un acto estrictamente jurídico. Estas son detenciones evidentemente ilegales», afirmó Ríos, quien aseguró que los recursos podrían extenderse a otros venezolanos recluidos en el CECOT, instalación diseñada para albergar a presuntos terroristas.
Jaime Ortega, otro de los defensores, subrayó que sus representados son migrantes sin historial delictivo: «No hay razón para que estén en un centro de máxima seguridad. Buscamos su liberación y repatriación conforme a los tratados internacionales de derechos humanos».
La medida se enmarca en la aplicación por parte del gobierno de Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, un estatuto histórico que permite deportaciones expeditas sin proceso judicial. El 15 de marzo, Trump ordenó la expulsión de venezolanos presuntamente vinculados a la banda Tren de Aragua, a quienes calificó como «fuerza invasora».
Sin embargo, un juez federal bloqueó temporalmente las deportaciones tras una demanda, alegando «violaciones al debido proceso». Pese a ello, cientos de migrantes ya habían sido trasladados a El Salvador.
El caso podría escalar a instancias internacionales, dado que los abogados planean apelar a mecanismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si no obtienen respuestas locales.
