El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes la cancelación del 83 % de los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
«Después de una revisión de 6 semanas, estamos cancelando oficialmente el 83% de los programas de Usaid», informó Rubio en su cuenta de X.
El funcionario estadounidense explicó que se han cancelado 5.200 contratos que representaban un gasto de decenas de miles de millones de dólares. «Estos fondos se utilizaron de maneras que no beneficiaron, y en algunos casos incluso dañaron, los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos», afirmó.
El secretario de Estado también detalló que, en consulta con el Congreso, el 18 % restante de los programas (aproximadamente 1.000) se mantendrán activos, pero serán administrados de manera más efectiva bajo la supervisión del Departamento de Estado.
Rubio agradeció al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) por su arduo trabajo durante este proceso, calificando la medida como una «reforma histórica y necesaria».
Acciones contra la Usaid
Este anuncio se produce dos semanas después de que Trump afirmara que eliminaría más del 90% de los contratos de ayuda exterior de la agencia y 60.000 millones de dólares en asistencia estadounidense a nivel mundial, argumentando que los proyectos de Usaid «promueven una agenda liberal y representan un desperdicio de dinero».
El 20 de enero, Trump ordenó lo que dijo sería una revisión de 90 días, programa por programa, para determinar qué programas de asistencia exterior merecían continuar, y cortó todos los fondos de asistencia exterior casi de la noche a la mañana.
Marco Rubio fue designado por el Departamento de Estado como administrador interino de Usaid el pasado 3 de febrero, con el objetivo de «recuperar el control y obtener una mayor comprensión sobre las operaciones y actividades de la agencia».
El organismo denunció que la Usaid «dejó de lado su misión original de promover de manera responsable los intereses estadounidenses en el extranjero».
Además, señaló que es «evidente» que una parte significativa de la financiación de la agencia «no está alineada con los intereses nacionales fundamentales de Estados Unidos».
