La organización Amnistía Internacional alertó el martes que la vida de 238 venezolanos enviados a El Salvador tras ser deportados por Estados Unidos «se encuentra en peligro» debido a las graves violaciones de derechos humanos documentadas en el sistema penitenciario salvadoreño.
Según la organización, los traslados se llevaron a cabo pese a una orden judicial que los prohibía. Calificó esta acción como un «peligroso avance hacia prácticas autoritarias» por parte del Gobierno de Donald Trump, que además representa un apoyo a las polémicas políticas de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
El movimiento indicó que de acuerdo con información recopilada, entre los expulsados figuran personas que se encontraban en procesos judiciales pendientes, individuos con protecciones bajo la Convención contra la Tortura y otros que fueron clasificados como presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua «basándose únicamente en criterios como tatuajes o su origen en el estado venezolano de Aragua».
«El propio personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense ha admitido que muchos no tenían antecedentes penales y algunos fueron expulsados por la percepción de que podrían cometer delitos en el futuro», expresó.
Los venezolanos fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde Amnistía Internacional ha documentado condiciones inhumanas que incluyen hacinamiento extremo, falta de atención médica y malos tratos.
La organización señaló que más de 300 personas han muerto bajo custodia estatal desde la implementación del régimen de excepción en 2022, algunos con evidentes signos de violencia. Esta medida viola el principio internacional de no devolución (non-refoulement), que prohíbe enviar personas a países donde puedan sufrir graves violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional destacó los paralelismos entre las políticas migratorias de EE. UU. y el modelo de seguridad de Bukele, basados ambos en la criminalización de grupos vulnerables y la erosión del debido proceso.
«Existe una conexión clara y preocupante entre el modelo de “seguridad” del presidente Bukele en El Salvador y las medidas recién adoptadas por Estados Unidos en relación con las personas migrantes y las que buscan seguridad. Ambos se basan en la ausencia del debido proceso y la criminalización de personas basada en criterios discriminatorios», añadió.
La organización hizo un llamado urgente al gobierno estadounidense para que «regrese inmediatamente a los deportados, suspenda todos los programas de expulsión masiva y respete las decisiones judiciales». Asimismo, exigió a El Salvador que «restablezca el debido proceso y garantice los derechos fundamentales de todas las personas detenidas, incluyendo a los venezolanos recién llegados».
